EE. UU. podrá deportar a 300.000 venezolanos desde el 2 de abril
La revocación del Estatuto de Protección Temporal que Biden extendió hasta septiembre de 2026 «ignora la represión política» y la crisis humanitaria que hacen que el país hispanoamericano «sea inseguro para volver», denuncia la organización cristiana CWS. La administración Trump ha pactado que el régimen bolivariano se haga cargo de los deportados a pesar de no reconocer a Maduro como presidente
La decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocar la última extensión del Estatuto de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para 300.000 venezolanos «tendrá efectos inimaginables para las familias, las comunidades estadounidenses y las economías locales, estatales y nacional», criticó el pasado lunes Danilo Zak, director de Política del Servicio Eclesial Mundial (CWS por sus siglas en inglés).
El pasado miércoles, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó una extensión del TPS hasta octubre de 2026 que había sido aprobada el 17 de enero, en los últimos días del mandato del expresidente demócrata Joe Biden. Esta medida afectaba a los 300.000 venezolanos que se habían acogido a la extensión del TPS en 2023, que expira el 2 de abril.
Además, el sábado 1 de febrero se anunció la revocación de esta extensión del TPS de 2023. Sin embargo, los efectos de esta última medida no quedan claros porque el texto oficial asegura que el TPS dejará de estar en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal, por lo cual la fecha sería aproximadamente la misma de su caducidad natural.
En cualquier caso, adelantar el final de la protección de septiembre de 2026 a abril de 2025 «es una medida que ignora la represión política, colapso económico, violaciones extendidas de los derechos humanos y crisis humanitaria en curso» en el país. Esta situación «hace de Venezuela un país inseguro al que volver», subrayó Zak. «Dentro de solo dos meses, la administración Trump hará que 300.000 personas sean vulnerables a deportaciones expeditas».
Esta medida «no hará que nuestras comunidades sean más seguras», pues las personas acogidas al TPS no podían tener antecedentes. «Solo dañará a los pequeños comercios e industrias clave mientras genera caos», concluía Zak.
El texto de la orden publicada el pasado fin de semana por la Secretaría de Seguridad Nacional afirma que la decisión se ha tomado tras realizar una revisión de las «condiciones del país». La conclusión es que la presencia en suelo estadounidense de estos venezolanos es «contraria» al «interés nacional».
La noticia se produce después de que Venezuela aceptara encargarse del transporte y de recibir a sus ciudadanos que sean deportados. La semana pasada, el enviado especial de Trump, Ric Grenell, viajó a Caracas y se reunió en el Palacio de Miraflores con Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos no reconoce como presidente, en una misión para que Venezuela libere a seis presos estadounidenses y aceptara vuelos de deportación.
La medida no afecta a los venezolanos acogidos al TPS emitido en 2021, que permanecerán protegidos hasta el 10 de septiembre de este año. Durante su primer gobierno, Trump intentó poner fin a las protecciones para los migrantes de varios países, entre ellos Haití, El Salvador y Sudán, pero los tribunales federales bloquearon algunos de esos intentos.