Dos médicos del Reino Unido revirtieron 32 abortos en un año
«Es más fácil pedir las pastillas para abortar que una pizza», lamenta Dermot Kearney. Pero si antes de tomar la segunda se arrepienten, hay cierto margen para intentar salvar a su hijo
Un año después de que el Consejo Médico General (GMC por sus siglas en inglés) prohibiera a los médicos Dermot Kearney y Eileen Reilly revertir el aborto químico, ambos se preparan para retomar esta actividad. Y expandirla. En febrero, el GMC retiró los cargos. La decisión llegó tarde para las 167 mujeres a las que no pudieron ayudar, pero supone un reconocimiento implícito de la validez de su tratamiento, que en un año hizo posible el nacimiento de 32 bebés, todos sanos.
Ahora, sin dejar de ser «muy prudentes», quieren reorganizarse y formar a más profesionales. Esperan que «gracias a la publicidad del caso» aumente la demanda. «Hace poco una mujer acudió a su médico de cabecera» para pedirle ayuda para frenar su aborto, y este ya conocía el tratamiento, algo que hasta ahora no había ocurrido en el Reino Unido. Otro le ha pedido información, afirmaba Kearney a Alfa y Omega la semana pasada desde Asís (Italia), donde dio a conocer su experiencia en el congreso de la Federación Europea de Asociaciones de Médicos Católicos.
Reilly y Kearney empezaron a aplicar progesterona para detener el aborto farmacológico en la primavera de 2020. El momento era apremiante. Debido a la pandemia, el 30 de marzo el Servicio Nacional de Salud había dado la luz verde a que las mujeres, después de una breve consulta telefónica, pudieran recibir por correo las dos pastillas necesarias para un aborto casero: mifepristona, que degrada la futura placenta, y misoprostol para expulsar al embrión.
La medida, presentada como algo excepcional que debía revisarse, ya se ha incorporado a la normativa de atención sanitaria «de forma indefinida». Además de temer un aumento de los abortos, Kearney lamenta las implicaciones médicas: «No hay manera de asegurarse de que la mujer realmente está embarazada, ni de cuánto». Y es muy fácil conseguir un aborto sin preguntas para «menores que han sufrido abusos o chicas coaccionadas».
De hecho, de las mujeres que ha atendido, «casi todas sufrieron presión de alguien»: novio o marido, padre, médico o los servicios sociales. Pero cuando llamaron por teléfono «les dieron las pastillas sin que nadie las asesorara» ni ofreciera ayuda. «Alguna me dijo que fue más fácil que pedir una pizza». Por eso no le extraña que se arrepintieran nada más tomar la primera pastilla.
Es el caso de Amrita, que no tenía pareja ni ingresos fijos cuando descubrió su embarazo en plena pandemia. «Me sentía muy dividida», relató en su día. «Me sorprendió el poco apoyo que me dieron en el Servicio Británico de Asesoramiento en el Embarazo, y lo fácil que fue recibir las pastillas». Pasó días sin tomarlas, hasta que «en un momento de frustración y angustia» tragó la primera. Se arrepintió inmediatamente. Lo mismo le ocurrió a Laura (nombre cambiado), que intentó provocarse el vómito hasta que le sangró la garganta. Hoy ambas pueden abrazar a sus hijos.
«Cada vez lo pedían más»
Kearney reconoce que mujeres como ellas les llevaron la delantera. Ya en 2014, una entidad provida dijo a la Asociación de Médicos Católicos del Reino Unido, de la que Kearney era presidente, que estaban recibiendo peticiones para parar un aborto químico. En ese momento no encontraron suficiente información. En 2018, otra organización diferente les «suplicó» que se implicaran, porque les llegaban «cada vez más mujeres» con esta petición.
Entonces decidieron aprender el método de la organización Heartbeat International, de Estados Unidos. Aplicando progesterona durante varias semanas, las posibilidades de que el embrión sobreviva si la mujer solo ha tomado la primera píldora pasaban del 25 % al 68 %. En su primer año, Kearney y Reilly trataron a 65 mujeres, con un éxito del 49 %. Atribuyen la diferencia a que en Estados Unidos el tratamiento se recibe a las pocas horas, mientras que en su país podía pasar un día entero hasta que las mujeres los localizaban a través de internet, después de que ni la clínica abortista ni su médico les ofrecieran una solución.
Cuando su labor se fue conociendo, la entidad abortista Marie Stopes International Reproductive Choices presentó una queja contra Kearney ante el GMC. Pero la investigación llevada a cabo por un experto independiente concluyó que el médico siempre informó adecuadamente a las mujeres sobre el tratamiento, «no las juzgó, y no intentó imponerles su visión». Ninguna testificó contra él.
El Christian Legal Center, que le ha brindado apoyo legal, dio a conocer en cambio el testimonio de Kate (nombre cambiado), denunciando cómo un directivo de Marie Stopes la acosó por teléfono para que acusara al médico. No quiso hacerlo. Aunque ella perdió a su hijo e incluso sufrió complicaciones, como las demás subraya su cariño. Todas recuerdan cómo las atendió sin cobrarles nada o incluso pagando alguna prueba de su bolsillo, y sus frecuentes mensajes para comprobar si todo iba bien.
En Estados Unidos, ocho estados obligan a informar a las mujeres de que el aborto farmacológico se puede intentar revertir si aún no han tomado el misoprostol. En otros doce se están tramitando leyes parecidas. Es uno de los tipos de normas provida que proliferan en el país, y que este mes de junio podría recibir un fuerte impulso si el Tribunal Supremo finalmente revoca la sentencia de Roe contra Wade y deja esta cuestión en manos de los estados.