Don Vicente Cárcel Ortí publica su investigación sobre la Segunda República. La España que se partió

Don Vicente Cárcel Ortí lleva años ofreciendo el fruto de sus investigaciones sobre la Segunda República española y la Guerra Civil, en especial en lo que se refiere a la persecución que sufrió la Iglesia en España durante aquellos años. La semana pasada, el historiador y sacerdote valenciano presentó en Roma La Segunda República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto Vaticano. Documentos del año 1931: tres volúmenes centrados exclusivamente en el período republicano, como adelanto de otros cuatro tomos sobre la Guerra Civil que verán la luz próximamente. La novedad de este trabajo, que le ha ocupado los últimos siete años, es que los datos han sido extraídos directamente del Archivo Secreto Vaticano: los despachos diplomáticos del Nuncio en España de 1931 a 1936, monseñor Federico Tedeschini; los apuntes del cardenal Eugenio Pacelli, Secretario de Estado y más tarde Papa Pío XII; y numerosas cartas, mensajes, informes y correspondencia personal de obispos, ministros, diputados y políticos españoles de aquellos años.

La primera conclusión que deduce don Vicente Cárcel Ortí de toda la documentación consultada es que, «tanto la Santa Sede como los obispos españoles, reconocieron a la Segunda República desde el principio, y se mostraron dispuestos a colaborar con ella. La Iglesia acató la República y se dispuso a colaborar, pero luego vinieron leyes, disturbios y quema de conventos, que enrarecieron mucho el ambiente»; una situación de la que «el Vaticano estaba informado puntualmente y al día. El Nuncio mandaba telegramas continuamente a la Santa Sede, informando de todo lo que estaba pasando en España».

La responsabilidad de Azaña

Pese a la buena disposición inicial de la Iglesia, el Gobierno republicano no correspondió del mismo modo: la Constitución de 1931 reveló una actitud manifiestamente combativa y anticlerical, pues el nuevo texto constitucional disolvió la Compañía de Jesús, eliminó la asignatura de Religión, suprimió el presupuesto de culto y clero y prohibió a las Congregaciones religiosas el ejercicio de la enseñanza; más tarde, la legislación posterior dificultó los enterramientos religiosos, retiró los crucifijos de las escuelas, eliminó las capellanías castrenses, permitió al Estado vetar los nombramientos eclesiásticos, nacionalizó parte del patrimonio de la Iglesia y hasta prohibió tocar las campanas de las iglesias. «Ante estas leyes anticlericales –explica don Vicente Cárcel–, el Vaticano trató, a través del Nuncio, de suavizar las cosas, hablando con ministros, enviando cartas… Sólo después, al no conseguir nada, el Nuncio presentó Notas diplomáticas de la Santa Sede en protesta por la violación de los derechos fundamentales de los católicos españoles. Esto sucedió un centenar de veces durante todo el período republicano. Finalmente, cuando la cosa llega a mayores y el Gobierno se desmadra con su legislación laicista, el Papa Pío XI publica, en 1933, la encíclica Dilectissima nobis, que comienza así: «Nuestra queridísima España…». En ella hace una denuncia pública del Gobierno de la República, y lo asemeja al de Rusia y al de México, que entonces perseguían abiertamente a la Iglesia. Ésta era la peor comparación que se podía hacer de un Gobierno en aquellos años».

La investigación de don Vicente Cárcel también comprende numerosa correspondencia de obispos, ministros y políticos de entonces, en la que se puede percibir cómo era el día a día durante los años de la Segunda República. En esos documentos, queda también probado que «el Gobierno de la República fue responsable de los disturbios y quemas de iglesias. El presidente Alcalá Zamora, en sus Memorias, hace responsable de todo al ministro Azaña, porque no quiso que interviniera la fuerza pública ante los disturbios, y tampoco quiso que se buscara a los responsables ni que se reparara el daño cometido. Todo eso era lo que el Vaticano pedía al Gobierno, pero no se hizo nunca. Y hay que subrayar que estos episodios sucedieron durante la República, desde el año 1931, mucho antes de la sublevación militar de 1936». Para don Vicente, «ésta es una página muy negra de la historia de España. El cardenal de Tarragona, Vidal y Barraquer, dijo que la violencia fue la tarjeta de visita de la República. Y Ortega escribió: ¡No es esto, no es esto! La República es una cosa; el radicalismo, otra. Si no, al tiempo…; como anunciando lo que podría venir si se seguía por ese camino». Por eso, el historiador recalca que, «para entender el 18 de julio de 1936, hay que conocer lo que pasó desde el 14 de abril de 1931: fueron cinco años de desastre; el 18 de julio no fue un capricho de un general».

Recordar, para aprender

Hoy, cuando muchos desempolvan la Historia para arrojarla a los ojos de quienes no piensan como ellos, don Vicente Cárcel Ortí tiene claro que «es un error tanto tapar la Historia como querer removerla. En la Transición, los españoles demostramos haber aprendido de nuestra historia, pero luego vino un Gobierno que apostó por la memoria histórica como arma arrojadiza de unos contra otros, para dividir y reabrir heridas que ya estaban cicatrizadas, y despistar de otros temas importantes». Más bien al contrario, «la misión del historiador no es juzgar, salvar o condenar, sino explicar y enseñar el contexto de todo lo que pasó, para saber y para aprender del pasado. No hay que tener miedo ni a recordar, ni a olvidar, porque las desgracias no se pueden olvidar. Lo importante es saber la verdad y conocer lo que pasó».