Denuncian limpieza étnica y crímenes de guerra en Tigray Occidental

«Esta crisis devastadora va más allá de la imaginación: masacres genocidas de civiles, violaciones y violencia de género, saqueos, incendios, destrucción de hogares, lugares de culto, escuelas, instalaciones sanitarias». Tesfaselassie Medhin, obispo de la eparquía católica de Adigrat (Etiopía), ha denunciado en una carta pastoral algunos de los daños causados por el conflicto en la región de Tigray, al norte del país.

A pesar de que tanto el Gobierno de Etiopía como el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF) declararon sendas treguas, los días 24 y 25 de marzo, «las ayudas que consiguen llegar no están cambiando la vida de la población asediada. Siguen faltando todos los servicios básicos», lamenta el obispo. «Los alimentos, las medicinas, todas las formas de comunicación, los salarios están suspendidos, los bancos están cerrados, no hay libertad de movimiento hacia y desde Tigray».

A las denuncias que se suceden desde el comienzo de la guerra, el 4 de noviembre de 2020, se acaba de sumar un nuevo informe de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que detalla los abusos generalizados contra la población de la división administrativa de Tigray Occidental. Allí, según las entidades, las nuevas autoridades favorables al Gobierno central, junto con las Fuerzas de Seguridad y milicias de la vecina región de Amhara perpetraron actos de «limpieza étnica», crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Complicidad del Ejército

El documento se titula Os borraremos de esta tierra, y habla de expulsiones, amenazas, homicidios, violencia sexual, detenciones masivas, pillaje, traslados forzosos y denegación de ayuda humanitaria. Y apunta también a la «aquiescencia y posible participación de las fuerzas federales etíopes».

Tigray Occidental cayó bajo el control de las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía y de las milicias amhara aliadas con ellas solo dos semanas después del inicio del conflicto. Ya en las primeras ofensivas, afirma el informe, se cometieron bombardeos indiscriminados de localidades y ejecuciones extrajudiciales, que obligaron a miles de personas a huir. También los milicianos tigriños cometieron crímenes de guerra contra la etnia amhara, añade.

La investigación de Amnistía Internacional y Human Rights Watch se basa en 400 entrevistas realizadas durante 15 meses, además de informes médicos y periciales, documentos judiciales, imágenes de satélite y materiales fotográficos y de vídeo. El resultado evidencia una campaña coordinada y sistemática de persecución étnica.

«Merecen morir de hambre»

Uno de los hechos más graves fue la matanza, el 17 de enero de 2021, de 60 hombres tigriños junto al río Tezeké. Supuestamente en venganza por las pérdidas en combate la noche anterior, la milicia amhara Fanos y residentes locales los acorralaron en Adi Goshu y los ejecutaron.

Algunos de los casos de abusos detectados corresponden a arrestos y detenciones prolongadas en condiciones de hacinamiento, que se cree que todavía afectan a miles de personas. Según el testimonio de estos detenidos, muchas personas murieron bajo custodia, asesinadas o como resultado de la tortura, la privación de atención médica o la falta de comida y agua. «Nos decían continuamente que los tigriños merecíamos morir de hambre», relató un testigo.

«Estamos purificando tu sangre»

Los perseguidores también recurrieron a la violencia sexual, en forma de agresiones, violaciones y explotación. Una mujer de 27 años contó que un miliciano le había dicho mientras otros hombres la violaban: «Los tigrianos tenéis que desaparecer de todo el territorio al oeste [del río Tekezé]. Eres mala y estamos purificando tu sangre».

En el informen se incluyen otras formas de acoso, como los obstáculos para acceder a la ayuda humanitaria o a las propias tierras de cultivo. «Estas no son tus tierras, no tienes nada que reclamar», respondieron a un hombre de 63 años los milicianos que destruían su casa.

Se produjeron asimismo restricciones al uso de la lengua local o la distribución de carteles y folletos en los que se ordenaba salir a la población tigriña. Los milicianos amhara «decían todas las noches: “Te vamos a matar. Vete de aquí”», relató una mujer de Baeker. Y las autoridades facilitaron camiones y autobuses para llevar a decenas de miles de personas hacia el este, a Tigray Central.

Falta de respuesta

Ante estas acusaciones, Amnistía Internacional y Human Rights Watch lamentan la falta de respuesta por parte de las autoridades etíopes y amhara. Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, afirma además que «la respuesta de los socios regionales e internacionales de Etiopía no se ajusta a la gravedad de los crímenes que siguen cometiéndose».

Las entidades exigen que el Gobierno etíope desmovilice y desarme a todas las milicias implicadas e investiga a la Fuerza Especial de Amhara y al Ejército etíope. Las autoridades también deben garantizar el acceso inmediato y sostenido de las agencias humanitarias, liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente e investigar y procesar debidamente a todos los responsables de los abusos.

A la vista de la tregua en curso, señalan asimismo que todo acuerdo alcanzado por las partes del conflicto armado debe incluir el envío de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz liderada por la Unión Africana (UA) a la zona de Tigray Occidental. Los socios regionales e internacionales de Etiopía, afirman, deben apoyar estos llamamientos.