«Debería garantizarse un mínimo de energía para vivir»

La pobreza energética es una realidad que afecta en España a millones de personas. Viene de atrás, aunque las últimas crisis —la COVID-19, la escalada de precios de la energía en 2021, la inflación y la guerra de Ucrania— no han hecho más que tensionar la situación de las familias, sobre todo, la de las más vulnerables. Se pone más de manifiesto en semanas como la actual, cuando vivimos algunos de los días más fríos del invierno. Según los últimos datos del INE, publicados en 2022 y correspondientes a 2021, que recoge un reciente informe la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas —sobre el que se reflexionó en Madrid en el contexto de la Semana Europea de la Pobreza Energética, del 17 al 23 de febrero— varios millones de personas cumplen algunos de los indicadores de pobreza energética. Por ejemplo, el retraso en los pagos (4,5 millones) o la temperatura inadecuada de la vivienda (6,7 millones). «El primer indicador se mantiene en los valores anteriores, pero el segundo ha empeorado significativamente», explica Roberto Barrella, investigador de la citada cátedra. Tres millones de hogares dedican a la energía una parte desproporcionada de su renta y son dos millones los que sufren pobreza severa oculta, es decir, que consumen mucho menos de lo que necesitan por miedo al importe de las facturas.

«2021 fue un año de algunas luces y de una gran sombra. Comparado con 2020, menos hogares dedicaron un porcentaje desproporcionado de sus ingresos a cubrir sus gastos energéticos, pero, en contraste, muchos más entraron en el oscuro abismo de la pobreza energética oculta severa», añade Barrella. Son datos preocupantes, sobre todo porque en ellos no aparece la huella de la inflación ni de la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, que podrían estar empeorando la situación. Son muchas las familias que en las últimas semanas han recibido facturas importantes de gas o electricidad. Lourdes Figueredo ha sido una de ellas. Natural de República Dominicana, lleva 13 años en España, donde ha trabajado en el ámbito doméstico, en el cuidado de mayores o en limpieza. «El año pasado pagué 70 euros en enero por la electricidad y este año han sido 150 y solo utilizo lo básico», reconoce en conversación telefónica con Alfa y Omega desde Badajoz, donde vive. Ahora mismo necesita ayuda de Cáritas, pues no puede trabajar a tiempo completo al estar terminando la carrera de Enfermería, que comenzó para dejar atrás la precariedad.

Según Barrella, no hay estadísticas para valorar la situación de este invierno, aunque añade que han sido meses bastante benignos en cuanto al frío. Eso sí, desde la cátedra han simulado las facturas de una familia media acogida al mercado regulado a lo largo de 2022 y estas han subido un 21 % con respecto al año anterior. Josep Babot, uno de los portavoces de la Alianza contra la Pobreza Energética, cree que es probable que la situación haya empeorado. Y eso que las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno en los últimos años han tenido un impacto significativo en las familias. Barrella explica que sin la reducción del IVA o del impuesto a la electricidad, la pobreza energética oculta se hubiese visto incrementado en 200.000 hogares. Además, «la subida de los descuentos del bono social eléctrico fue el salvavidas para los consumidores vulnerables».

Todos los expertos consultados coinciden, precisamente, en la necesidad de mejorar el bono social, de modo que llegue a todas las familias —Babot apunta que los hogares beneficiarios son 1,3 millones y podrían ser hasta seis—, así como consolidar las medidas temporales, como la prohibición del corte de la luz de familias vulnerables frente a impagos. Además, reclama que se dé una solución a la deuda, pues, aunque no se interrumpe el suministro, las familias siguen acumulando cantidades a las que no podrán hacer frente.

Se trata de garantizar el derecho a la energía. Esta es la postura de Nuria Baeza, durante más de 20 años trabajadora social de Cáritas Diocesana de Valencia y hoy responsable de Acción Social de AeioLuz, una cooperativa que se dedica a la alfabetización energética, esto es, a que ciudadanos, entidades del tercer sector y empresas sepan leer las facturas, a quién compran la energía y a qué precio, y puedan ajustarlas. «Debería garantizarse un mínimo de energía para vivir. Es un derecho, no un bien de consumo. Reclamamos una tarifa por tramos. El primero debería recoger el mínimo necesario para vivir a un coste bajo», explica. Mientras tanto, en la Cañada Real la situación sigue siendo extrema. Allí pasan ya el tercer invierno sin electricidad. «Es muy difícil vivir en unas mínimas condiciones cuando hace frío», explica Agustín Rodríguez, el párroco de la zona. Cáritas Diocesana de Madrid, a través de un convenio con el Ayuntamiento de Madrid, está ofreciendo vías energéticas alternativas como leña, gasolina, butano… o facilitando algunas de las tareas diarias, como el lavado de la ropa. «Es una ayuda, pero no es la solución», concluye.