Joaquín José Martínez: «De mis compañeros, solo quedo vivo yo»

Con un chasquido metálico se cierra la puerta. Dentro de la celda, en el corredor de la muerte de la cárcel de Starke (Florida), queda Joaquín José Martínez. Es mayo de 1997, y Joe (como le conocen) es el primer español condenado a muerte desde el franquismo. Lo habían declarado culpable del asesinato en 1995 de Douglas Ray Lawson y su novia, Sherry McCoy-Ward, a pesar de que las pruebas de ADN no lo sitúan en la escena del crimen y de que en su contra solo hay una grabación de mala calidad en la que supuestamente se le oye confesar.

«En ese momento perdí mi fe en todo: en Dios, en la humanidad. Me sentía traicionado por el sistema. Pero seguía creyendo en la pena de muerte. Pensaba que era un alivio para la familia de la víctima», aseguró Martínez el 22 de noviembre en un acto organizado en Madrid por la Comunidad de Sant’Egidio dentro de la campaña Ciudades por la Vida. Este sábado, más de 2.000 localidades se sumarán a ella, muchas iluminando edificios significativos.

La campaña nació en 2002. Pero tuvo un prólogo en 2001, cuando el Coliseo de Roma se iluminó para celebrar la abolición de la pena de muerte en Chile y la liberación de dos condenados en otros lugares. Uno era Joaquín José. Tras tres años de lucha incansable de sus padres, que «lo vendieron todo», y gracias al apoyo de numerosas organizaciones e instituciones, se logró un segundo juicio en el que fue absuelto.

Un 31 % menos de ejecuciones

18 años después, sigue dando testimonio y luchando contra esa pena de muerte que de joven apoyó. Eso le ha unido a Sant’Egidio, que además de recaudar fondos para defender a condenados y organizar el contacto por carta con más de 1.000 reos, esta semana organiza en Roma la XII edición de su Congreso Internacional de Ministros de Justica. Una decena de países, sobre todo africanos, explorarán caminos para avanzar hacia la abolición de la pena de muerte siguiendo los pasos de Burkina Faso, que en 2018 la abolió, y de Gambia, que declaró una moratoria.

La pena capital está en declive: según Amnistía Internacional, sin contar China (cuyos datos se desconocen) el año pasado fueron ejecutadas 690 personas, un 31 % menos que en 2017 y el número más bajo hasta ahora, a pesar del aumento en países como Japón, Sudán del Sur o Estados Unidos. Detrás de China, lideran el ranking Irán, Arabia Saudí, Vietnam e Irak. En menor grado, descendió también el número de condenas.

En nombre de Frank

Martínez lucha «en nombre de mis compañeros de pabellón. Soy el único vivo de los 13. Ellos no tuvieron medios ni apoyo como yo. Eran de minorías». El que más influyó en su cambio de opinión fue Frank. Era afroamericano, pobre y analfabeto. 20 años en el corredor de la muerte, condenado por la violación y asesinato de una niña, lo habían destrozado psicológicamente. No fue ejecutado. Murió de cáncer «esposado a una camilla, sin el tratamiento adecuado». Un año después, una prueba de ADN lo exculpó.

Pero… ¿y si alguien es culpable? «¿Qué haría si mataran a un ser querido?». Martínez no sabía responder. La respuesta la tuvo poco después, cuando hace 15 años un joven que iba demasiado rápido con la moto atropelló y mató a su padre. El ansia de vengarse se apoderó de él, pero «mi madre me sacudió y me dijo: “¿Es que no has aprendido nada?”. Lo más difícil que he tenido que hacer ha sido perdonar a esa persona». Pero, al mismo tiempo, descubrió que la razón que en su día lo llevó a defender la pena de muerte, el alivio para los seres queridos, no era real: «Echo de menos a mi padre cada día, y nada puede aliviar el dolor. Tampoco si ejecutaran a ese chico. Por eso hablo contra la pena de muerte, por lo que representa: el odio, la falta de compasión, la falta de humanidad, la falta de perdón».