De grandes cárceles a casas de detención

El mundo carcelario ha vuelto a copar la prensa nacional. En esta ocasión, la noticia ha sido la aprobación de la reforma planteada por el Gobierno por la que se reconocerán los años de prisión que los presos hayan cumplido en otro país de la Unión Europea, lo que supondrá en la práctica que algunos internos —entre los que se encuentran varios integrantes históricos de ETA— puedan salir antes de la cárcel. La noticia ha suscitado el enésimo cruce de acusaciones entre el Ejecutivo y la oposición y un encendido debate en la sociedad, del que la Iglesia prefiere no participar ante la «utilización política que se está haciendo del mismo», lamenta el director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española, José Antonio García, en conversación con Alfa y Omega. A priori se ha dicho que es «un tema que viene de Europa» para que los años ya cumplidos en el extranjero «estén presentes y sean válidos»; pero no se puede obviar «todo el daño causado y la cantidad de víctimas» provocadas por la banda terrorista ETA, añade García.

La polémica reforma es el marco mediático en el que el Departamento de Pastoral Penitenciaria ha tenido que celebrar las XXXV Jornadas nacionales de capellanes y delegados diocesanos de Pastoral Penitenciaria, que han tenido lugar en Madrid entre el 15 y el 17 de octubre con el lema La cárcel, un jubileo de esperanza. A pesar del aparente antagonismo de esos tres términos, García recuerda que la prisión, «en muchísimos casos, es un lugar en el que las personas reconsideran su vida, resetean y se abren a una esperanza nueva que no defrauda». Aun así, el director del departamento cree que no es suficiente. De hecho, «el gran reto que tenemos es mejorar la atención a los presos para que la cárcel sea realmente un ámbito resocializador y reintegrador», concluye.

A pequeña escala

Con este objetivo en el horizonte, la presentación durante las jornadas del proyecto europeo Rescaled, que busca transformar el paradigma penitenciario y pasar de macrocentros carcelarios a casas de detención, ha sido uno de los hitos más reseñables de la cita eclesial. El proyecto nació en 2019 en el «ámbito de los países nórdicos» y «ahora estamos dando los primeros pasos para proponer su implementación en España», explica Esteve Serna, miembro de la Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Mallorca, que participó en marzo en un simposio europeo sobre centros de detención en el que se reflexionó sobre la expansión de la iniciativa.

En nuestro país, el modelo de cárcel se estandarizó a partir del año 1992 en torno a las 1.000 plazas para internos. «De ese tamaño son el 99 % de los centros de detención, a excepción del de Picassent, en Valencia, que tiene por lo menos el doble de plazas, y alguno más». El problema es que «este modelo no funciona», asevera Serna, que habla de un sistema judicial con un porcentaje de encarcelamiento y de reincidencia «muy elevado».

El principal inconveniente de los macrocentros es que «están en el extrarradio, por lo que la desconexión con la sociedad», a la que supuestamente el preso aspira a volver, «es incluso física». El tamaño también influye en la «imposibilidad de ofrecer una atención individualizada a cada interno». Al final, «la respuesta es genérica», para todos igual, independientemente del delito cometido. Ello «contribuye a una despersonalización que va en contra de la dignificación que una persona necesita como parte de su resocialización», detalla el también responsable del piso de acogida de Pastoral Penitenciaria de Mallorca.

Al contrario, las casas de detención permiten trabajar con un grupo reducido de personas. «Lo ideal sería entre diez y 30 presos», apunta Serna. De esta forma, «se puede intervenir de forma adecuada y personalizada ante las necesidades de cada interno». Una última ventaja es que este modelo de sistema carcelario se puede implementar de forma integrada en la comunidad, no separada de esta. Así, «los servicios comunitarios podrían atender las necesidades de este colectivo —ya no se necesitaría, por ejemplo, un equipo médico exclusivo para la cárcel, como pasa en la actualidad, sino que los propios centros de salud podrían atender también a los presos—. Por su parte, los internos pueden mantener una relación con la comunidad e incluso prestar algún servicio». Allí donde se ha implementado este modelo, «los presos han puesto en marcha un taller de bicicletas o una guardería para mascotas». Más allá del servicio prestado, de lo que se trata es de evitar la desconexión social del interno, porque «una sociedad más segura no es la que encierra más lejos durante un tiempo al que comete un delito, sino la que consigue que el tiempo que una persona pase  en prisión sea productivo para su reintegración en la sociedad», concluye Esteve Serna. Y añade: «La reinserción provoca seguridad». Por eso, este nuevo paradigma aspira a conseguir «una sociedad más segura, sostenible e inclusiva».