De casa del cura a vivienda de emergencia 

En plena escasez de vivienda en España, con esta crisis como uno de los temas fundamentales de la próxima campaña electoral, la Iglesia sale al paso con imaginación poniendo sus recursos a disposición del bien común y de los más vulnerables. Así, esta semana el Arzobispado de Santiago de Compostela, Cáritas Diocesana y el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) han firmado un convenio para identificar, estudiar y rehabilitar inmuebles de titularidad eclesiástica que puedan convertirse en recursos residenciales de emergencia para personas y familias en situación de vulnerabilidad. 

La iniciativa contempla analizar el potencial de las aproximadamente 800 casas rectorales existentes en el territorio de la archidiócesis, una parte significativa de las cerca de 4.000 que hay en Galicia. El objetivo es identificar los inmuebles que puedan rehabilitarse para destinarlos a programas residenciales de carácter social. 

Entre las primeras actuaciones previstas figura la elaboración de un Plan director de vivienda social en patrimonio eclesiástico, que permitirá actualizar el inventario de casas rectorales realizado conjuntamente por la Xunta de Galicia y el COAG entre 1991 y 1993. También se estudiarán el estado de conservación, la habitabilidad, la accesibilidad, la eficiencia energética y la viabilidad urbanística de los edificios. 

Para quienes están en una emergencia 

El convenio prevé asimismo crear una red de arquitectos colaboradores para desarrollar estudios técnicos, asesorar sobre rehabilitación y orientar en la búsqueda de ayudas públicas y subvenciones. Las tres entidades trabajarán también en la captación de financiación para hacer viables las intervenciones. 

La iniciativa parte de la experiencia de Cáritas Diocesana de Santiago, que dispone de 40 viviendas destinadas a fines sociales, con aproximadamente 240 plazas de alojamiento en distintos municipios gallegos. Uno de los primeros inmuebles estudiados es la antigua rectoral de Santa María de Luou, en el municipio de Teo, que podría habilitarse como recurso de alojamiento de emergencia para hasta once personas. 

El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández, ha destacado que el convenio permitirá poner los recursos de la Iglesia al servicio de las personas y familias que más lo necesitan.