Chile expulsa a 55 inmigrantes venezolanos incumpliendo su propia ley

«La Policía de Investigaciones entró en mi residencia en Antofagasta gritando, golpeando ventanas y partiendo puertas. Todo porque estaban buscando a mi hermana con una orden de expulsión». Ocurrió en la madrugada del sábado, en el norte de Chile. Lo contaba el domingo Michel, un inmigrante venezolano. Su hermana era una de las 55 personas que el domingo fueron obligadas a embarcar en un avión comercial desde Iquique para ser expulsadas del país y llevadas de vuelta a Caracas.

«Ya apelamos su caso, pero los tribunales no atienden los domingos y no pueden dar respuesta». Solo tenía la ropa que llevaba puesta. «No sabemos si ha comido, si tiene agua», compartía preocupado el domingo. En Venezuela ya no le queda nadie. «Mi familia y todos estamos acá. Sabemos que entramos de una manera inadecuada, pero no lo hicimos porque quisiéramos, lo hicimos porque nos vimos obligados».

De los expulsados, 40 lo fueron por haber entrado en Chile de forma irregular, y los otros 15 por causas penales como tráfico de migrantes, de drogas o robo. Con este nuevo proceso de expulsiones a bordo de 15 vuelos contratados por el Gobierno, se pretende deportar a unos 1.500 extranjeros durante este año. En paralelo, seguirán las deportaciones en aviones de la Fuerza Aérea. Por esta vía ya se ha expulsado a 200 migrantes en lo que va de 2021. Durante 2020 fueron expulsados 1.365 extranjeros.

Duras críticas

Diversas organizaciones han criticado duramente esta nueva expulsión, que han calificado de arbitraria e ilegal. Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, ha subrayado que a diferencia de la hermana de Michel, muchos de los deportados fueron detenidos precisamente mientras acudían a entregarse a la Policía con el objetivo de intentar regularizar su situación. «Se les privó del derecho a la defensa, al principio de no devolución (que se encuentra consagrado en el Derecho Internacional) y no se cumplió con la prohibición de expulsiones colectivas de personas extranjeras», ha añadido.

A estas irregularidades, el Servicio Jesuita a Migrantes añadía que entre los retenidos había «personas que requieren protección internacional y a otras que están acompañadas de niñas, niños y adolescentes en nuestro país», dos situaciones que «impiden que se las expulse». Y recordaba que «tal como lo ha sostenido la Corte Suprema debe respetarse el principio de no devolución de personas cuya vida e integridad corre peligro si son expulsadas, como hoy ocurre con muchas personas venezolanas». Además, se superó el límite legal al estar detenidas más de 24 horas.

25 expulsiones paralizadas por el SJM

Los defensores de los migrantes han subrayado, por último, que esta expulsión incumple la nueva Ley de Migración y Extranjería, que entró en vigor el 20 de abril. La norma actualizada incluye «un proceso ya abierto de regularización extraordinaria» para quienes entraron en el país con visado antes de marzo. Contempla también la posibilidad de que a quienes entraron de forma ilegal se les permita, durante un período de 180 días (hasta noviembre) salir del país sin ser sancionados, para dirigirse a un consulado chileno en otras naciones y solicitar allí visado.

«No entendemos por qué eso no se está respetando», ha lamentado Waleska Ureta, directora nacional del SJM. Debido a estas irregularidades, y con ayuda de expertos de las universidades Alberto Hurtado y Diego Portales, el SJM logró que se admitieran sus recursos y sacar a 25 personas de la lista de expulsiones. «Vamos a seguir trabajando por la protección y los derechos de las personas», ha asegurado Ureta.

«Prácticamente imposible» entrar con visado

En declaraciones a Alfa y Omega en enero, Patricia Rojas explicaba que para entrar al país de forma legal, con visado de turista, se necesita pasaporte. Algo «prácticamente imposible» de lograr en Venezuela. En 2018, se implementaron además los visados de responsabilidad democrática, creados especialmente para acoger a los venezolanos. Pero el SJM denuncia que solo «pudieron ser efectivamente utilizados» en el 5 % de los casos. Y en noviembre, añade Rojas, «todas las solicitudes se cerraron de manera arbitraria e ilegal».

En el primer mes del año, más de 3.800 migrantes, principalmente venezolanos, ingresaron a pie de forma ilegal por la frontera entre Chile y Bolivia, soportando el tortuoso tránsito entre el altiplano y el desierto. Un colombiano y cuatro venezolanos murieron en su intento por llegar a Chile, según datos del Gobierno.