Certificaron que la represa era segura… y «las madres recibieron pedazos de sus hijos»

A las madres de la zona de Brumandinho, en Minas Gerais (Brasil), les decían que «su hijo tenía el honor de trabajar en una gran empresa internacional, conocida en todo el mundo, que promueve el desarrollo». Pero cuando el 25 de enero de 2019 la represa que contenía las aguas residuales de la mina de Córrego de Feijão se derrumbó y arrasó el comedor de la empresa Vale, las familias de las 272 víctimas «solo recibieron pedazos. Y hasta hoy cuatro personas siguen desaparecidas». Habla Carolina de Moura, defensora ambiental y miembro del Instituto Cordilheira.

Junto con Danilo Chammas, presidente del mismo instituto y abogado de las familias de las víctimas, está terminando estos días una gira por nueve países europeos. Este jueves por la tarde participaron en un pase previo del documental La ilusión de la abundancia en la sede de la representación de la UE en Madrid, dentro del evento Regulación en debida diligencia de derechos humanos y ambientales.

Unas horas antes, participaron en un encuentro con la prensa organizado por la Plataforma por Empresas Responsables (PER), que promueve en España una ley en este sentido. El encuentro, en el que también intervinieron dos activistas guatemaltecas, pretendía «poner cara a las personas que sufren porque aún no exista esta legislación», ha subrayado Almudena Moreno, coordinadora de Desarrollo Local Sostenible de Alianza por la Solidaridad-ActionAid.

En un cajón del Gobierno

Moreno lamentó que en España el anteproyecto de ley de diligencia debida «está guardado en un cajón». «Después de mucho esfuerzo logramos que se incluyera en el plan anual normativo», relató. En los primeros meses se redactó. Pero antes de llegar al Consejo de Ministros tiene que haber un dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos. «Se iba a presentar en octubre y de repente dejó de estar en el orden del día». Y añadió: «Queremos que pase al Consejo de Ministros y pueda ser aprobado esta legislatura».

Esta ley obligaría a las empresas españolas a tomar medidas para prevenir las violaciones de derechos humanos y los daños al medio ambiente en toda su cadena de valor. También cuando ellas o las empresas con las que hacen negocios trabajan en otros países. Por ejemplo a MAPFRE, que tenía una relación contractual con Vale, la empresa implicada en Brumandinho.

Un certificado que no debió emitirse

«No se puede confiar en la buena fe» de las empresas, subrayó De Moura. Antes de esta catástrofe ambiental, llevaban diez años intentando obtener información sobre los planes de la empresa minera Vale y negociar con ellos. Y meses antes del desplome «la certificadora alemana TÜV SÜD emitió un certificado de estabilidad», después de que otras dos compañías se negaran a hacerlo.

Por ello, los abogados de las víctimas están intentando llevar también a esta compañía a los tribunales en Alemania. Al promover la aprobación de leyes de diligencia debida se pretende, en palabras de De Moura, «llamar la atención de todos los actores europeos sobre su responsabilidad: certificadoras, aseguradoras, compradores, inversores, accionistas, bancos…».

Y, si estos daños se producen, para que asuman su responsabilidad y se haga justicia. Para De Moura, las indemnizaciones «no sirven de mucho». Vale «tenía un plan con el estado de las represas en riesgo, y al lado el valor en dinero» presupuestado para pagar a las víctimas «en previsión de que pasara una tragedia». Por eso «para nosotros la justicia es que se les responsabilice criminalmente por estas muertes».

Claves de la ley

Las leyes de debida diligencia deben estar bien diseñadas. «No queremos una ley» que delegue en certificadores privados «el decir si una empresa está actuando con la debida diligencia. Eso solo crearía otro mercado» de informes y otro sello, «sin solucionar la situación», insiste Chammas.

Otros aspectos importantes es que «todos los implicados sean consultados: sindicatos, asociaciones comunitarias y de la sociedad civil…». Y que las leyes «alcancen toda la cadena de valor» de los bienes o servicios que vende una empresa, hasta la misma obtención de las materias primas.

En este sentido, el abogado lamentó que «la versión actual de la directiva europea de debida diligencia solo se reconocerá la responsabilidad de una empresa si la víctima logra demostrar que no cumplió su obligación. ¿Cómo es posible que un campesino de una zona como la nuestra pueda comprobar algo así?». En su lugar, demandan que la carga de la prueba se distribuya justamente, y que «la empresa pruebe que ha hecho todo lo que debía».