Casi la mitad de los abusos sexuales a menores se producen en el entorno familiar, según Save the Children

Casi la mitad (49,5 %) de los abusos sexuales a menores se producen en el entorno familiar, tal y como revela el estudio de Save the Children presentado este jueves, que ha analizado 432 casos y sus sentencias judiciales, todas ellas de entre 2019 y 2020.

Según la investigación, alrededor del 84 % de los abusadores son personas conocidas por el menor, la mayoría dentro de la familia: el padre (12,3 % del total), otro familiar no identificado (9,7 %), la pareja de la madre (6,6 %) o el tío (3,2 %).

Entre aquellas que se conocen pero no pertenecen a la familia (34,5 % de los casos) se encuentran los amigos y compañeros de las víctimas (9,7 %), conocidos de la familia (8,6 %) y educadores (6 %).

Además de estas cifras, el análisis de Save the Children revela que los abusos se producen en todo tipo de familias. «Aunque la mitad se producen en familias en las que los progenitores están en pareja (55,5 %), los abusos se dan en todo tipo de contextos, ya sea con progenitores divorciados, separados, con la tutela a cargo de un familiar o varios, o de la Administración», recoge la ONG. Solo el 12,5 % de los agresores tiene antecedentes.

La mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes (78,9 %) que empieza a sufrir abusos entre los 13 y 16 años (44,7 %), aunque la media es más temprana, los 11 años y medio. La ONG también hace una estimación de la población que ha sufrido abusos sexuales en España, entre el 10 y el 20 %.

Procesos judiciales justos

El análisis pone el foco, además, en los procesos judiciales cuando se detecta un caso, que son «dolorosos» para las víctimas. En ellos, los niños han tenido que declarar de media cuatro veces lo que les ha ocurrido. «Esto significa que cuentan su historia a diversos profesionales, exponiéndose a revivir el abuso y perjudicar la credibilidad de su testimonio por eventuales contradicciones», recoge el texto.

Además, en la mayor parte de los casos estudiados no se grabó el testimonio, ya que en el 75,7 % ni se solicitó ni se practicó la prueba constituida. En un 1, 6 % se solicitó, pero no se llegó a grabar. Así, solo en un 22,7 % se había registrado el testimonio del niño para evitar tener que acudir en persona al juicio.

Para Andrés Conde, director general de Save the Children, «la infancia y la adolescencia en nuestro país no están teniendo procesos judiciales justos» y, por tanto, «revertir esta anomalía ha de ser una prioridad». Además de las ya reseñadas, Conde constata carencias en la formación de los profesionales del ámbito jurídico o en el cuidado de los espacios donde los pequeños tienen que ir a declarar.

Con todo, Save the Children propone la creación de estructuras judiciales y fiscales especializadas en violencia contra la infancia, la creación de una fiscalía específica, la especialización de los equipos técnicos que asisten a los profesionales y, como norma general, preconstituir la declaración de la víctima en un espacio amigable.