Casi 147.000 menores migrantes en España están en situación irregular

Los menores migrantes en situación irregular en España ascienden a casi 147.000, según se desprende del informe Crecer sin papeles en España presentado este miércoles por Save the Children y la Fundación porCausa. Una cifra que ha ido aumentando paulatinamente desde que en 2013-2014 se alcanzase el punto más bajo. En cualquier caso, siguen siendo cifras muy inferiores a las de principios de los 2000.

De todos estos menores sin papeles, la mitad tiene menos de 10 años y un 40 % menos de cinco. Los de la franja 0-4 suponen el 25 %. Además, casi un tercio supera los 15 años. Por lugar de procedencia, tres de cada cuatro menores llegaron de America Latina, siendo la colombiana la nacionalidad más repetida. Le siguen Honduras, Venezuela y Perú, mientras que un 13 % procede de África.

Las comunidades autónomas que más niños en esta situación albergan son, en cifras absolutas, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. En términos porcentuales, la concentración es mayor Galicia y Asturias, donde las tasas de irregularidad en niños son superiores al 35 %.

Conocidas las cifras, el informe aborda las consecuencias que la irregularidad tiene en los menores. La pobreza es una de ellas. De hecho, constata que si la probabilidad de riesgo de pobreza para un hogar medio con menores a cargo y nacionalidad española es del 14 %, para un hogar extracomunitario el porcentaje sube hasta el 48 %.

También afecta a la educación, pues el acceso a ella «puede verse vulnerado por la ausencia de un permiso de residencia y un número de identificación que impida su acceso a exámenes oficiales, certificaciones o ayudas».

El impacto se extiende al ámbito de la salud —pues hay disparidad de criterios por parte de las comunidades autónomas, por ejemplo, a la hora de otorgar la tarjeta sanitaria— y en el de la protección, la Justicia y la vivienda digna. «El miedo a la deportación, el desconocimiento del idioma y la ausencia de redes personales pueden obstruir la protección de la infancia en asuntos de extraordinaria relevancia», recoge el informe.

La solución de la regulación

Tanto Save the Children como la Fundación porCausa defienden que una posible solución a este problema pasa por la regularización de los hogares en los que hay menores migrantes sin papeles. De hecho, creen que esta medida «puede ser determinante para reducir el sufrimiento de la infancia y sus familiares, así como facilitar niveles mínimos de inclusión social».

Invitan al Gobierno a tomar ejemplo de otros países y a aprovechar la situación generada por la COVID-19 para «plantear medidas excepcionales». Porque, según sostienen, una medida de estas características no solo solventaría la situación delicada de la familia en cuestión sino que supondría «un importante beneficio fiscal para el conjunto de la sociedad». «Esto llega hasta el punto de compensar casi de forma completa la inversión del Estado en su salud y educación», añaden.

Según Gonzalo Fanjul, director del área de investigación de porCausa, el Gobierno no puede argumentar que no procede a una regularización porque no lo permite la UE: «No hay nada en las normas europeas que lo impidan».