Casablanca moviliza al Congreso de Perú contra la gestación subrogada

La III Conferencia de Casablanca, que se celebró en Perú los días 4 y 5 de junio para promover la abolición internacional de la gestación subrogada, no tardó en dar sus primeros frutos. El encuentro, organizado por la asociación Declaración de Casablanca, que trabaja por este fin, y por la Universidad de Piura, suscitó bastante interés entre las autoridades.

No solo porque entre sus más de 300 participantes había funcionarios públicos. La cita terminó con el compromiso por parte de un grupo de congresistas de que «se va a presentar un proyecto de ley para incluir a la maternidad subrogada como un supuesto de trata de personas y prohibir expresamente su práctica en el Perú», explica a Alfa y Omega Maricela Gonzales, jurista y una de las organizadoras. «Han invitado a Casablanca a participar en las mesas técnicas que la están preparando».

Acudieron asimismo al Ministerio de la Mujer, que debe elaborar un informe a favor o en contra de todas las leyes que se tramitan. «Conversamos con el viceministro y se mostró interesado en recibir capacitaciones sobre este tema para trabajar con la población vulnerable. Por ejemplo, no tenían conocimiento de que está ligada a la trata de personas». Esto lleva a Gonzales a confiar en que «esto pueda aportar criterios para que el Constitucional y el Congreso tomen la decisión correcta y prohíban esta práctica en Perú.

—¿Por qué se quiso que la tercera conferencia de la Declaración de Casablanca se celebrara en América Latina?
—Este conversación sobre la derogación de la maternidad subrogada ya se había realizado en África (en Casablanca, Marruecos) y en Europa, en Roma. Se pensó en América Latina porque el mercado aquí cada vez va creciendo más. Esto se debe a que no tenemos una legislación clara que la prohíba expresamente. Además, por ejemplo, lo que se les paga a las gestantes en México es mucho más bajo de los que se pueda pagar en Estados Unidos o en Europa. Esto se está aprovechando en las clínicas para llevarla a cabo de manera desmedida sin ningún control. Vienen muchas personas no solo de fuera sino de otros países de la propia Latinoamérica. Ahora muchos padres comitentes o compradores miran a este mercado, ya que en otros países europeos se están poniendo las limitaciones necesarias.

—¿Cuál era la situación en Perú hasta ahora?
—Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional a favor de un ciudadano del país. Contrató a una mujer como vientre de alquiler en Estados Unidos y se trajo a dos hijos. El registro peruano le impidió inscribirlos porque él decía que no tenían madre. El Constitucional sentenció a su favor alegando el principio de igualdad, pues una mujer sí puede inscribir sola a sus hijos. Obviamente hay una diferencia objetiva, que es que la madre siempre es cierta, es la que gesta y da a luz. Esta sentencia ha abierto una puerta a que se siga realizando esta práctica.

Pero ahora tenemos otro caso ante el mismo tribunal por una gestación que se realizó aquí. Está aún por resolverse y ahora los magistrados sí se tienen que manifestar sobre los vientres de alquiler en sí. Está bajo la lupa porque será la oportunidad para que el tribunal cierre la puerta o la abra y permita que se sigan consolidando. Así que en Perú aún podemos evitar estas situaciones y ayudar al Tribunal Constitucional a tomar una decisión orientada a la prohibición expresa.

—Usted participó en una mesa redonda que analizó las sentencias sobre esta práctica en el continente. ¿Se puede hablar de una tendencia clara?
—Lo que tienen en común los casos judiciales sobre este tema en América Latina es que se intenta consolidar esta práctica sobre la base de los hechos consumados. Como no hay una prohibición expresa se lleva a cabo dentro del país o viajando al extranjero y el niño se inscribe como hijo de la gestante. Luego el problema llega a los jueces porque los compradores o comitentes quieren impugnar esa maternidad y lograr que se inscriba la filiación a su favor. Como muchos ordenamientos no se han manifestado expresamente sobre la licitud de los vientres de alquiler los jueces intentan dar la solución menos mala pero sin pronunciarse sobre el tema, sino alegando el principio de verdad biológica, el del interés superior del menor o el de que lo que no está prohibido está permitido.

—Pero al mismo tiempo, en países como Argentina ha habido iniciativas que parecen haber puesto en un apuro a muchos comitentes. ¿Cómo se ha hecho esto, que en otros países parece imposible?
—Sí, es un país que ha hecho una apuesta en este tema debido a que se le han presentado muchos casos de vientres de alquiler, de abandono de niños; y se ha visto cómo esto se relaciona con la trata de personas. Así que lo han incluido como un supuesto de trata de personas y está trabajando para evitar estos casos en beneficio de los menores y de las mujeres explotadas. Eso en otros países de América Latina no lo hay.

La idea es que pueda servir de ejemplo para los demás y que se pueda seguir trabajando por estos niños que son separados de sus madres desde el nacimiento. También por estas mujeres latinoamericanas humildes que muchas veces son explotadas y a las que se somete a condiciones bastante cuestionables durante el embarazo. Luego además en ocasiones se las abandona una vez que dan a luz y no se les brinda ayuda ni sostenimiento respecto a temas de salud que puedan tener.