Carlos Susías: «Los pobres están en las colas de los supermercados»

Presentaron hace poco un informe sobre la pobreza en España. ¿En qué situación estamos?
La pobreza ha aumentado. En concreto, en más de 380.000 personas en 2021. Además, hay 13 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, y cerca de cuatro millones viven en pobreza severa. Como dato positivo, hemos visto que la privación material y social severa no ha aumentado, y esto nos lleva a pensar que las políticas de protección están teniendo efecto. Sin el escudo social, habría 1,5 millones de personas más en pobreza.

¿Cómo está afectando la inflación?
Afecta a todos, pero a las familias más vulnerables se las lleva por delante. Estas dedican la mayor parte de sus ingresos a alimentación y energía, que es lo que más está subiendo. Se necesitan medidas que intensifiquen determinados elementos de protección, que tienen que ir más allá de las familias vulnerables, porque hay un sector que no está técnicamente en pobreza, pero sí se está empobreciendo.

¿Cuáles son esas medidas?
Tiene que haber una ayuda por tenencia de hijos. No creemos que tengan que ser generalizadas, pero sí con un margen más amplio. Tener hijos es un factor de riesgo de pobreza muy potente, mayor en el caso de familias monoparentales. No debería extrañarnos el problema de natalidad que tenemos. La prestación, además, debería extenderse durante toda la infancia y adolescencia. Es una medida esencial y de alto impacto.

¿Alguna más?
Habría que plantear un mayor apoyo a la vivienda, por ejemplo, con una política de vivienda pública de alquiler. En este país hemos tenido políticas de construcción de casas, pero no políticas de vivienda. Otra medida sería el incremento en extensión e intensidad del ingreso mínimo vital (IMV). El IMV no saca a personas de la pobreza, pero sí puede afrontar la pobreza severa y, por tanto, debería llegar al umbral de esta, que está en los 500 euros. También hay que actuar sobre los salarios. Es cierto que la subida no tiene que ser lineal con respecto a la inflación, pero tampoco se pueden quedar anclados. Si no hay correlación entre los costes de la vida y los ingresos familiares, se detraerá el consumo y empeorará la situación. Las políticas de protección social son políticas de inteligencia económica, porque el dinero que va a las familias no se queda en ellas, sino que acaba en la economía.

Se trata de apoyar a las familias.
Tenemos un gran déficit estructural de apoyo a las familias. Muchos gobiernos hablan de la familia, echan piropos, pero no hacen nada.

¿Siguen siendo la educación y el empleo factores de protección?
El 17 % de las personas en situación de pobreza son titulados superiores. Siempre se ha dicho que la educación es el mejor instrumento contra la transmisión intergeneracional de la pobreza, pero ese instrumento parece roto. No se trata solo de mejorar el sistema educativo, sino de ver qué tipo de empleo estamos generando: el 34 % de las personas en situación de pobreza tiene trabajo.

Sin ingresos para vivir con dignidad

Cada noche, Yolanda (en la foto) se derrumba. Sus hijos están dormidos y ya puede mostrar el sufrimiento que les oculta durante el día. Ella y su marido están en paro y necesitan ayuda de Cáritas y del Banco de Alimentos para poder vivir. Antes vivían bien, pero ya no. Esta situación, con el agravante de la inflación, hace que no puedan comprar alimentos básicos como pescado fresco o carne. Yolanda forma parte de una de las seis millones de familias en España que no tienen ingresos suficientes para vivir con dignidad, según el último informe presentado la semana pasada por la Fundación FOESSA y Cáritas Española. Esta cifra es el resultado de un nuevo modo de medir la pobreza y la vulnerabilidad de un hogar, el Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas. «Es —como explicó Thomas Ubrich, miembro del equipo técnico de la Fundación FOESSA— el presupuesto mínimo que necesita una familia para vivir con dignidad en un contexto concreto».

No mide solo el acceso a la alimentación, sino también a otros bienes como la vivienda, los suministros o el equipamiento y gastos educativos, sanitarios y de ocio, entre otros. Así, a modo de ejemplo, una pareja con dos hijos mayores de 13 años necesitaría 2.900 euros en Madrid y 2.400 euros en Orense. Mientras que una monoparental con dos hijos de entre 3 y 12 años debería ingresar 2.200 en San Sebastián y 1.300 en Ciudad Real. Los hogares con mayores dificultades son aquellos que viven de alquiler, tienen niños en edad educativa, personas con discapacidad, deudas, ingresos inestables y desempleo.

¿Solo reconocemos como pobres a personas en situaciones extremas, como los que viven en la calle?
Ese colectivo que citas está formado por 40.000 personas y las personas en riesgo de exclusión son 13 millones. Las personas en pobreza no están en las puertas de las iglesias, están en las colas de los supermercados comprando los productos más económicos que, además, son los que más han subido.

¿Cómo estamos con respecto a los países de nuestro entorno?
Mal, entre los cinco o seis peores. Somos la cuarta economía de la zona euro y uno de los países ricos en una zona rica del mundo, y tenemos unos niveles de pobreza muy altos. Somos una anomalía con respecto a nuestro entorno. También somos una anomalía en inversión social y recaudación fiscal.

Habla de anomalía fiscal. ¿Hay que subir o bajar impuestos?
No es una cuestión de subir o bajar, sino de cómo se recauda. España tiene un déficit muy serio de recaudación. Una de las mejores políticas sociales que podríamos tener es contar con un batallón de inspectores de Trabajo y Hacienda para que se cumpla la ley. Tenemos un nivel de elusión y evasión fiscal alto. La economía sumergida es el 20 % del PIB. Nos hace falta cultura fiscal.