Cáritas ya trabaja para aplicar la ley de desperdicio alimentario

«No tiene sentido tirar toneladas de comida apta para el consumo cuando hay millones de personas con necesidad». Son las palabras de Ana Heras, coordinadora del Equipo de Economía Solidaria de Cáritas Española. Explica para Alfa y Omega el proyecto Maná, Alimentando el Futuro, que acaba de poner en marcha la entidad eclesial. Esta novedosa iniciativa no solamente combate el despilfarro de alimentos, sino que también está enfocada a la inserción laboral en personas en riesgo de exclusión. Maná, financiado por el Fondo Social Europeo, quiere ser una expansión del proyecto FITEI impulsado por Cáritas Barcelona, que ya lleva unos años funcionando con éxito. «Como es un proyecto potente, queremos llevar este modelo a Albacete y Bilbao, e incluso a otras Cáritas diocesanas en el futuro», señala Heras. FITEI tiene acuerdos con empresas y supermercados que llevan los excedentes a sus instalaciones de 900 metros cuadrados dentro de Mercabarna. Allí seleccionan los productos que pueden ser transformados. «A lo mejor no te comes una manzana porque tiene un trocito malo, pero con esa manzana puedes hacer un pastel», apunta. Además, se utilizan como ingredientes en los restaurantes y lugares de comida para llevar de las empresas de inserción de Cáritas. En 2024, FITEI logró salvar más de 300.000 kilos.

Maná se encuentra en «plena consonancia» con la Ley estatal de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que fue aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados. El texto se había presentado en la pasada legislatura, pero su avance se detuvo por la convocatoria de elecciones generales. Desde Cáritas valoran la norma como «muy positiva» porque, aunque la entidad lleva años trabajando contra el desperdicio en este ámbito, «no estaba regulado ni penalizadas las malas prácticas». 

De hecho, esta es la primera ley estatal que pretende combatir el gran problema del despilfarro. El principal objetivo es la prevención. Para ello, obliga a todos los actores de la cadena de producción —productores, transformadores, comercializadores, hosteleros y restauradores— a que tengan un plan para evitar que haya excedentes. Luego, establece pasos para gestionarlos, dando prioridad al consumo humano. Es decir, si incluso aplicando el plan de prevención se genera comida sobrante, deberá ser donada a entidades sociales para su distribución o también podrá ser transformada en otros productos todavía aptos para el consumo, como mermeladas o zumos. Por último, si continúa habiendo excedente, se utilizará para animal o para elaborar compost o biocombustible. 

La norma obliga a los establecimientos que tengan más de 1.300 metros cuadrados a firmar convenios con entidades sociales para donar los excedentes. En este sentido, otra de las organizaciones a la que afectará la medida serán los Bancos de Alimentos. El director de su federación, Francisco Greciano, pronostica en conversación con este semanario que para las asociaciones benéficas el efecto de la ley será «inmediato» debido al aumento de las donaciones. Y asegura que cuentan «con los espacios, la logística y los medios para hacer frente a ello». 

Por su parte, el colectivo Ley Sin Desperdicio, que lleva desde 2021 reclamando una «legislación valiente» que acabe con el derroche de alimentos, es más crítico con la nueva norma. Aunque la valora como «positiva», reconoce que tiene «un sabor agridulce, porque podría haber sido más transformadora». María González es directora de la asociación Enraíza Derechos, que está bajo este paraguas, y señala como un gran fallo que a lo largo de todo el proceso de elaboración y comercialización ningún eslabón  «tenga responsabilidades claras de medición», no estén obligados «a publicar cuánto se desperdicia ni a ofrecer un análisis cualitativo de por qué sucede».