Cáritas apuesta por seguir reforzando el liderazgo de las comunidades nativas

En el marco de la celebración, el 9 de agosto, del Día Internacional de los Pueblos Indígenas —una jornada instituida en 1994 por la Asamblea General de Naciones Unidas y que este año se convoca bajo el lema No dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas y la llamada a un nuevo contrato social— Cáritas reafirma su apuesta por seguir reforzando el liderazgo y la participación de las comunidades nativas para que sus voces sean escuchadas y sus derechos protegidos.

Un ejemplo de la naturaleza del trabajo que la red Cáritas lleva a cabo para mejorar las capacidades de los pueblos indígenas en la defensa de sus derechos y la protección de sus culturas ancestrales es el proyecto Defensa de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y a la justicia en la cuenca del río Las Piedras en Madre de Dios, en Perú, apoyado por Cáritas Madre de Dios, Cáritas Diocesana de Málaga y Cáritas Española.

Este programa cuenta con la participación de siete comunidades nativas, conformadas por más de 211 familias de los pueblos Yine y Amahuaca, para que puedan reforzar la defensa plena de sus derechos, mejorar su gestión organizacional y tener acceso a la justicia tomando en cuenta su diversidad cultural. Uno de los grandes retos del proyecto es conformar un comité de defensa para toda la cuenca del rio Piedras a través del impulso de la participación y el liderazgo de las mujeres y los miembros más jóvenes de las comunidades.

Extracción ilegal de masa forestal

Madre de Dios es una región amazónica que se caracteriza por su enorme diversidad de culturas indígenas, pueblos no contactados y biodiversidad biológica. Además, tiene una economía basada principalmente en actividades extractivas, que convierte a la región en un referente de conflictos socioambientales generados por el acceso a los recursos naturales y la extracción ilegal de minerales y masa forestal. De hecho, Madre de Dios es el epicentro de la minería ilegal de oro en Perú. El Centro para la Ciencia e Innovación Amazónica (CINCIA) ha denunciado que desde 1985, la minería de oro no controlada ha destruido casi 960 kilómetros cuadrados de selva tropical en Madre de Dios, más de dos tercios de ella entre 2009 y 2017.

Estas cifras se han multiplicado durante la pandemia y la paralización del país a causa del estado de emergencia, que ha afectado a sus organismos y a los operadores de justicia, lo que ha provocado que las actividades ilegales, al carecer de cualquier tipo de control, crezcan de una forma desproporcionada, afectando principalmente a territorios indígenas. Los esfuerzos por proteger sus territorios se han visto afectados de forma muy seria por la falta de presencia del Estado en la zona y muchas comunidades han sido objeto de la invasión de sus territorios, la tala desmedida, la extracción de sus recursos y la contaminación de sus ríos a causa de estas actividades fuera de todo control.

Un claro ejemplo es lo que acontece en la comunidad nativa Boca Pariamanu, donde se han instalado mineros ilegales contaminando, depredando y amenazando a la comunidad. Con el apoyo de Cáritas, se ha podido obtener garantías de protección para sus líderes, que denunciaron el hecho, y tener presencia ante el Relator del Agua de la ONU para dar a conocer la contaminación de sus ríos, tierras y peces, que son su principal alimento, así como alertar del temor por su seguridad, sus vidas y las de sus familias.

Fortalecer la cultura ancestral

En un comunicado con motivo de esta jornada mundial, la entidad ha destacado cómo una de las líneas estratégicas del trabajo de cooperación internacional de Cáritas Española es la acción conjunta con otras Cáritas del mundo para acompañar la realidad de los pueblos indígenas, fortalecer su cultura ancestral y defender sus cada vez más amenazados derechos, territorios y recursos naturales.

El impacto de la pandemia causada por la COVID-19 ha agudizado las grandes brechas preexistentes antes de la crisis sanitaria y ha revelado las desigualdades estructurales que afectan a las comunidades indígenas en el acceso a la salud, la educación o la tecnología, así como la discriminación por parte de las políticas públicas estatales.

Como señala Fernando Foncillas, técnico del área de Cooperación Internacional de Cáritas, «las voces de los pueblos indígenas siguen sin tenerse en cuenta y la crisis sanitaria ha agudizado esta problemática que afecta gravemente al denominado buen vivir de los pueblos originarios».

«No sólo se han tenido que proteger de la pandemia, que los ha golpeado con fuerza, sino que también han tenido que defenderse del aumento de las actividades ilegales que afectan a la tala de sus bosques y de la amenaza latente de la minería ilegal en un contexto donde los gobiernos han invisibilizado sus necesidades», añade Ana Cristina García Morales, coordinadora de América Latina del área de Cooperación Internacional.