«Cambiar conciertos por becas es dinamitar la gratuidad y la libertad de enseñanza en Madrid»

José Antonio Méndez

Las principales asociaciones de padres de alumnos y de titulares de centros concertados de la Comunidad de Madrid han denunciado el intento del Gobierno regional de retirar los conciertos educativos en FP de Grado Superior, para sustituirlos por un sistema de becas similar al cheque escolar, lo que supone «un mínimo ahorro, crea desigualdad, deja fuera a los alumnos mayores de 23 años y puede suponer el cierre de muchos centros»

Las principales organizaciones de la enseñanza concertada de la Comunidad de Madrid, que aglutinan a las familias y a los titulares de los centros (CECE-Madrid, FACEPM, UCETAM Escuelas Católicas de Madrid y CONCAPA Madrid) han denunciado la intención del Gobierno de la Comunidad de sustituir los conciertos educativos de los centros de Formación Profesional de Grado Superior, por becas similares al llamado Cheque escolar. Algo que, según han denunciado en un comunicado conjunto, «supondrá dinamitar el derecho a la gratuidad de la enseñanza y romper con el principio de libertad de elección».

Las entidades más representativas de la enseñanza concertada madrileña consideran que esta medida de la Consejería de Educación de Madrid «carece de la solidez y seguridad jurídica y económica con la que cuenta el actual régimen de conciertos al que pretende sustituir, que tiene 30 años de vigencia y goza de un consenso político y social». Además, recuerdan que «el sistema de becas o cheque escolar es incoherente con la política mantenida por la Comunidad de Madrid sobre el impulso de la libertad de enseñanza, ya que impedirá, en la práctica, la escolarización de miles de alumnos en los actuales centros concertados».

Sin plazas para todos

Además, señalan que aunque «el actual concierto tiene muchos defectos, da garantía de estabilidad y garantiza la capacidad de elección de las familias: Los alumnos de FP de Grado Superior que, ahora, están pagando 36 euros al mes, pasarán a pagar 360, una cifra inasumible para muchas familias y que generará una migración hacia la escuela pública, donde pagan 18 euros al mes, y eso supondrá el cierre de muchas aulas», ha subrayado don Emilio Díaz, secretario autonómico de Escuelas Católicas. Con un agravante: tal y como señaló don Fernando Fernández, de UCETAM, esos alumnos «ni siquiera tienen asegurada una plaza pública ya que para ello se tendría que aumentar el número actual de plazas, cuestión que hasta la fecha no está garantizada».

Un ahorro mínimo

Además, tal y como denuncian estas organizaciones, suprimir los conciertos supondrá un ahorro, en dos años, de 26 millones de euros, mientras que implantar un sistema de becas individuales al que tengan acceso todos los alumnos de la concertada y de la privada no concertada, supondrá un coste de 22 millones. Es decir, «un ahorro mínimo, en comparación con el efecto demoledor que esta medida produce en el sector, sólido y de trascendencia social, de la FP de Grado Superior».

Tres rechazos clave

En su comunicado, hecho público el pasado miércoles en una rueda de prensa, las entidades denuncian los tres aspectos concretos por los que rechazan el sistema de becas: la territorialidad, la edad y los plazos. La territorialidad, porque la concesión de becas se limita a alumnos que cursaron estudios previos en la Comunidad de Madrid, dejando fuera a quienes provienen de territorios limítrofes, lo que genera dificultades en el alumnado más necesitado como pueda ser el inmigrante. En cuanto a la edad, insistieron en que el límite que establece el proyecto de la Comunidad excluye a los alumnos que cumplan 23 años en 2013, es decir, casi un tercio de los alumnos actualmente escolarizados en estas enseñanzas, «con los que se realiza una labor de integración social, recuperación académica y de inserción laboral muy valiosa. Y algo similar ocurre con los plazos establecidos para la solicitud de beca: las ayudas se tienen que solicitar cuando los alumnos todavía no saben lo que van a estudiar, y obtienen la respuesta sobre su concesión cinco meses después, es decir, comenzado el curso, lo que sin duda creará incertidumbre en muchos padres y hará que escolaricen a sus hijos en la escuela pública, donde conocen con claridad su coste».

Por todo ello, los representantes de las cinco organizaciones de titulares y padres de la concertada solicitaron al Gobierno de la Comunidad de Madrid «una profunda reconsideración de esta medida y una mayor sensibilidad con las propuestas aportadas por el conjunto del sector que sugerían sustituir los conciertos por convenios», pues «los centros de FP de Grado Superior pueden ejercer ahora su derecho a presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la denegación de la renovación del concierto».

José Antonio Méndez