Bienes al servicio de la sociedad

Las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia española entre 1998 y 2015, cuando la Ley Hipotecaria permitía que se hicieran mediante certificación eclesiástica —en línea con la posibilidad que todavía posee la Administración—, se produjeron «a la luz de la legalidad». Así lo reconoció la vicepresidenta Carmen Calvo la semana pasada al hacer público el informe elaborado del Gobierno.

De esta manera se aclara una cuestión que algunos sectores llevan años agitando en contra de la Iglesia y queda de manifiesto que esta ha respetado y respetara siempre la legislación vigente en cada momento, con las garantías y los procedimientos establecidos en la ley.

Asimismo, basta repasar el listado de las propiedades que las diferentes entidades eclesiales inscribieron por vez primera en el Registro para comprobar que son historia viva del Pueblo de Dios y de España, tan estrechamente vinculada al cristianismo. Se trata de bienes dedicados de manera especial al culto, al apostolado y a la atención de los más desfavorecidos, como se hace a través de las Cáritas parroquiales o de otros proyectos sociales. Se trata, en definitiva, de bienes al servicio de la sociedad.