Así influirá el 23J en la política de la UE

Las elecciones del 23 de julio y su campaña electoral han eclipsado un momento clave en la política exterior de España: la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Hasta diciembre, España liderará las reuniones de esta institución, que convoca a los ministros de cada país para abordar temas de su ramo. El margen de acción de nuestro país es limitado. Muchos asuntos simplemente «siguen su curso» dentro del «enorme entramado comunitario», explica José María Beneyto, director del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU. Pero sí puede «establecer el acento con que se tratan».

El Gobierno que salga de las urnas tendrá que gestionar cuestiones que ya están sobre la mesa, como la transición ecológica y digital o la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Una que es clave para la Iglesia son las migraciones. En este ámbito, «la principal tarea de la presidencia española será avanzar en la negociación del Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo», que «España querría concluir durante su presidencia», explica Leïla Bodeux, de Cáritas Europa. El 8 de junio, durante el Consejo de Ministros de Justicia e Interior —presidido aún por Suecia— se acordaron dos partes clave, que ahora hay que negociar con el Parlamento Europeo.

Europa en sus mapas

Un ejemplo de cómo la presidencia de la UE acerca Europa a los ciudadanos es la exposición virtual Europa: doce mapas y un proyecto, puesta en marcha por la Biblioteca Nacional de España en colaboración con la Oficina de Coordinación para la Presidencia española.

Los mapas elegidos muestran la evolución de Europa en un proceso que abarca «la antigua Grecia, el Imperio romano, el cristianismo», hasta las guerras mundiales. Al poder visitarse en la web de la Biblioteca Nacional, la muestra está al alcance de todos.

Cáritas Europa critica que con las nuevas medidas se tramitarán más solicitudes de asilo en la frontera, «con el riesgo de que los procesos se hagan con menos calidad», resulte más difícil conseguir asilo y se pueda llegar incluso a «una detención generalizada» de solicitantes. Por otro lado, teme que el acuerdo alcanzado para reubicar anualmente a 30.000 de ellos desde países con más presión migratoria a otros con menos —los que se nieguen tendrían que pagar 20.000 euros por persona rechazada— «no sea suficiente para aliviar la presión en los países fronterizos», como el nuestro. En junio, Bodeux formó parte de una delegación de Cáritas Europa y Cáritas Española que preparó la presidencia de nuestro país presentando estas inquietudes al Ministerio de Asuntos Exteriores. Asimismo, ofrecieron propuestas técnicas para mejorar los acuerdos y pidieron «aumentar las rutas legales y seguras» y que no se confíe la protección de las fronteras a terceros.

Carmen Isolina Egea, profesora de Políticas Públicas y UE de la Universidad Francisco de Vitoria, explica que a España, como país fronterizo, le interesa impulsar la reubicación de refugiados. Pero más allá de esto no ve grandes cambios en el horizonte. Nuestro país «apoya las políticas migratorias actuales» y, más en general, es improbable un golpe de timón «ahora mismo, con millones de refugiados ucranianos» dentro de la UE. Por otro lado, si como pronostica Beneyto el pacto no se termina de negociar en esta presidencia, es más incierto que llegue a buen puerto. En la segunda mitad de 2024 presidirá el Consejo Hungría, uno de los países más contrarios a la acogida. En la misma línea, y todavía durante la presidencia española, «habría que tener en cuenta el impacto que pudiera tener un Gobierno de coalición con Vox», subraya Egea.

Con todo, durante estos meses España también puede impulsar sus propias prioridades en la agenda europea. Una de ellas es fortalecer la relación de la UE con América Latina. Después de unos años de falta de interés, «es el momento de relanzarla», subraya Beneyto. Se trata de un continente «cercano culturalmente y con muchos recursos», pero que se puede ir alejando de Europa porque se está constatando «una fuerte presencia de China y de Rusia». Mejorar las relaciones comerciales con Hispanoamérica está relacionado con otra prioridad de España y de la UE: «Aumentar la autonomía estratégica» en el ámbito de la energía y promover una reindustrialización para, por ejemplo, «no depender de que las baterías de coches eléctricos vengan de China» y poder abastecerse de productos sanitarios.

Un Ejecutivo del PP podría compartir estos objetivos. La pregunta es cómo se llevan a cabo. La semana que viene, la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños celebrarán en Bruselas una cumbre. La Iglesia ha pedido a través de sus organismos regionales (COMECE y CELAM) que los acuerdos que se alcancen incluyan cláusulas para proteger los derechos humanos y el medio ambiente y para combatir las causas estructurales de la pobreza. Egea cree que el PSOE puede estar abierto a incluir este enfoque.

Del mismo modo, al Gobierno de Sánchez «le interesa» que se apruebe durante su mandato la Directiva sobre Diligencia Debida, que ya está casi terminada y obliga a las compañías a prevenir la vulneración de derechos humanos y ambientales en toda su cadena de valor. Más reticente puede ser un Gobierno del PP, pues a nivel europeo el partido está dividido en esta cuestión.

Ni una mención a la familia

Junto a sus prioridades, la presidencia española también se retrata por las que no lo son. El presidente de la Federación de Asociaciones de Familias Católicas de Europa, Vincenzo Bassi, ha valorado positivamente que el Gobierno reconozca como un reto el desafío demográfico. Pero ha lamentado que el programa para este semestre no mencione en absoluto a la familia y ha invitado a España a «subrayar su importancia como centro de las políticas públicas».

Ante la incertidumbre que genera un posible cambio de Gobierno, Beneyto cree que se tendría que haber creado «una unidad de colaboración con un posible Gobierno de la oposición». En la misma línea, Egea reconoce que «la convocatoria de elecciones ha supuesto una disrupción» que puede afectar a la capacidad de negociación de España. Pero sugiere que se puede paliar si, en caso de cambiar el signo del Gobierno, se mantiene en sus puestos a los altos cargos más implicados en el proceso. Más incierta todavía será la situación, apunta, «si después de las elecciones no se logra formar gobierno». «Hay que tener altura de miras, porque las instituciones y los mercados de Europa están mirando».