Asesinada por defender el territorio indígena

A principios de marzo asesinaban en su casa a Berta Cáceres, líder de la comunidad indígena lenca y luchadora molesta en Honduras por dirigir una campaña de oposición a la construcción de una presa hidroeléctrica en las fértiles tierras de los indígenas. Varios pistoleros entraron en su casa mientras dormía y la asesinaron a tiros. «Aún no se sabe quién mató a esta madre de cuatro hijos. Pero no hay voluntad política para clarificar la muerte», afirma Paulina Bejarano, directora de ADROH, socio local de la ONG Manos Unidas.

El proyecto hidroeléctrico, que si se construyera dejaría sin tierras al pueblo lenca —la mayor etnia indígena de Honduras, con más de 400.000 personas— en Río Blanco, cuenta con financiación nacional e internacional. Pero la campaña emprendida por Cáceres logró que el constructor más grande de presas a nivel mundial, la china Sinohydro, retirara su participación. En abril de 2015, esa lucha le valió el Premio Goldman, el máximo reconocimiento para ambientalistas. «La mataron porque piensan que con ella va a desaparecer la oposición a los proyectos hidroeléctricos. Honduras es un terreno lleno de zonas caudalosas y fértiles que pertenecen a los pueblos indígenas originarios. Asesinan a los líderes para que el pueblo deje de quejarse», explica Bejarano. Pero la realidad es que organizaciones como ADROH tienen claro que, «ahora más que nunca, seguiremos defendiendo nuestros bosques y aguas».

Cientos de activistas asesinados

Esta afirmación no está ausente de temor. Según un reciente informe de la ONG Global Witness, de las 116 muertes de ambientalistas que se documentaron el año pasado —el número real puede ser mayor— casi tres cuartas partes ocurrieron en Honduras, Brasil y Perú. Solo en el país hondureño, entre 2002 y 2014 se produjeron 111 asesinatos. «Tengo temor, pero lo he de vencer, porque nuestro Dios me ha elegido para defender las causas justas», añade Bejarano.

Los miembros de la pastoral social de Cáritas Honduras escribieron tras la muerte de Cáceres un duro documento, dirigido tanto al Gobierno local como a las empresas internacionales que permiten estas fechorías: «¿Seguirá siendo un delito defender los recursos naturales y los bienes de los pueblos originarios? ¿Tendremos que pagar con vidas humanas la custodia de los bienes de la creación, que pertenecen a todos y que unos pocos desean apropiárselos?», se preguntan. «Estamos pagando el precio por tantos años de corrupción que avaló la impunidad y quebró el sistema de justicia hasta volverlo inservible. Abrió el camino para que el crimen penetrara en el Gobierno, la Policía, la Fiscalía y los jueces». Los obispos piden al Estado que «garantice la vida de quienes promueven el cuidado de la vida, la defensa de la naturaleza y de un ambiente sano».