ANDOC denuncia la «peligrosa transgresión» que supondrá el registro de objetores al aborto

«Transformar el aborto, que es un derecho de las mujeres en determinadas condiciones, en un deber legal para los médicos, implica una peligrosa transgresión jurídica y deontológica». La Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia del Personal Biosanitario (ANDOC) critica de forma tajante el protocolo nacional para el registro de objetores de conciencia a esta práctica, que se debate este lunes en el Consejo Interterritorial de Sanidad.

La entidad subraya en una nota de prensa que los derechos «son por definición facultativos». Esto implica que «su ejercicio no puede convertirse en obligatorio para terceros». Se refieren a unas declaraciones del director general de Salud Pública, Pedro Gullón, en las que «confiesa a las claras el verdadero objetivo» de esta medida.

El pasado 2 de diciembre, Gullón participó en las Jornadas por el Derecho a la Autonomía de las Mujeres convocadas en el Congreso por Sumar con el lema Aborto para ser libres y decidir sobre nuestras vidas. El acto tenía lugar a la vez que el Senado albergaba la VI Cumbre Transatlántica por la Libertad y la Cultura de la Vida.

En el acto proabortista de la Cámara Baja, el director general desveló la fecha de debate del protocolo y afirmó que desde el Gobierno «no podemos obligar a hacer exactamente lo que queramos pero podemos ejercer las presiones y […] hacer la coordinación necesaria para intentar garantizar ese derecho al aborto». Así, confesó que buscaban «evaluarles, presionarles […] encontrar las vías alternativas […] para luego intentar ejercer fuerza política para que les dé auténtica vergüenza no ejercer el derecho».

Según el TC, no es necesario

Para ANDOC, estas palabras sobre las presiones para prácticamente obligar a realizar abortos suponen «una erosión del núcleo esencial de la libertad de conciencia y de la dignidad profesional». De esta manera, se convertirá «a una parte importante de los profesionales sanitarios en una suerte de presos de conciencia».

Aunque desde la entidad matizan que «el objetor debe comunicar su objeción», añaden que «no hay legislación en el mundo civilizado que se atreva a condicionar el ejercicio de un derecho» como es la libertad de conciencia «a la inscripción en registro público». De hecho, aseguran que la sentencia 44/2023 del Tribunal Constitucional (TC), de 9 de mayo de 2023 implica que «la inscripción en el registro no condiciona el ejercicio de la objeción de conciencia, pues para que sea eficaz basta con que se manifieste “anticipadamente y por escrito”». Es decir, aunque exista el registro, un profesional que no se haya inscrito en él podría objetar siempre que exprese esta opción «anticipadamente y por escrito» de alguna otra forma.

Por ello, anticipan que la creación de este registro «resultará un rotundo fracaso, como ya lo fue en Navarra y en Castilla-La Mancha, salvo que tomen medidas de presión impropias de una nación libre». También advierten de que medidas de este tipo «podrían provocar un efecto desalentador en las vocaciones médicas», especialmente en especialidades como Ginecología y Obstetricia. «Una profesión médica coaccionada pierde su esencia y se desvirtúa, afectando tanto a los profesionales como a los pacientes».

En las mismas jornadas en las que anunció la votación del protocolo, Gullón defendió la necesidad de «asentar» el aborto «y hacerlo efectivo» para que «la vuelta atrás» sea «mucho más difícil». Alegó además que existe «una presión hacia profesionales de la ginecología y la obstetricia para que se les fuerce a ser objetores de conciencia».