Amnistía Internacional recuerda que Arabia Saudí sigue violando los derechos humanos

Detenciones arbitrarias, condenas a defensores de los derechos humanos, ejecuciones y explotación de trabajadores migrantes. Son algunas de las violaciones de los derechos humanos que se producen en Arabia Saudí. Así lo ha recordado Amnistía Internacional a raíz de las últimas publicaciones sobre cómo se acordó el traslado de la Supercopa a este país durante al menos seis años.

Los datos están sacados del último informe de la entidad. Recuerda, por ejemplo, que «los tribunales recurrieron ampliamente a la pena de muerte, y hubo ejecuciones por una gran variedad de delitos». Es más, se ha vuelto a permitir imponer la pena de muerte de forma discrecional a «culpables de delitos para los que la sharia no la contempla». Esto permitió la ejecución en junio del año pasado de Mustafa al Darwish, joven chiita condenado por participar en unas protestas violentas.

En un tono más positivo, se valoraba la conmutación de la condena a muerte de tres jóvenes, detenidos cuando eran menores de edad, por penas de diez años de prisión que ya han completado. Por otro lado, aunque las autoridades anunciaron en enero de 2021 una reforma que incluía la suspensión de las ejecuciones por delitos de drogas, la ley no se ha modificado ni se han concretado los cambios.

Estas y el resto de violaciones resultan relevantes en este contexto. Los pagos tanto a los equipos de fútbol que juegan la Supercopa como a Kosmos, la empresa del futbolista Gerard Piqué que gestionó el traslado, proceden de Sela. Esta empresa pública saudí se dedica precisamente a organizar grandes eventos deportivos y culturales para mejorar la imagen internacional del país.

Detenciones

Amnistía explica también que, tras una breve interrupción en noviembre de 2020 por la cumbre del G20 en Riad, se siguió juzgando ante el Tribunal Penal Especializado a «cualquier persona que expresase opiniones críticas hacia el Gobierno» o visiones distintas sobre la situación socioeconómica o política. Esta corte dictó «duras condenas de prisión» contra disidentes en las redes sociales, como Abdulrahman al Sadhan, trabajador de la Media Luna Roja condenado a 20 años de prisión por unos tuits satíricos. O contra defensores de los derechos humanos como Mohammad al Otaibi.

Incluso después de cumplir condena, este tribunal y otros prohibían viajar u ordenaban el cierre de las cuentas de los convictos en redes sociales. Así le ha ocurrido a las defensoras de los derechos de las mujeres Nassima al Sada y Samar Badawi. Otras veces, nada más cumplir condena se les ha juzgado y sentenciado de nuevo con cargos similares. Es el caso del escritor Mohammad al Rabiah, que deberá estar en prisión seis años más después de haber permanecido preso tres.

En prisión también se vulnera el derecho a la salud de los presos, al negárseles atención médica urgente. Mohammad al Khudari, médico y político palestino de 83 años, no recibió atención para su cáncer, hernias discales y problemas de fragilidad ósea. Y el clérigo Salman Alodah perdió parcialmente la vista y el oído mientras estaba detenido en régimen de aislamiento desde 2017. Peor fue el caso de otro clérigo, Musa al Qarni, asesinado por otro preso en prisión y cuya muerte no fue investigada.

Control a los trabajadores migrantes

En cuanto a los derechos de los trabajadores migrantes, se han suavizado las restricciones que se les imponen para cambiar de empleo sin permiso de quien los contrató. Ello no ha impedido que estos migrantes sigan «estando vinculados a las entidades empleadoras, que mantenían un control considerable sobre sus derechos». Más grave es la situación de los empleados domésticos migrantes, a los que la legislación laboral no protege.

Además, se han seguido produciendo detenciones arbitrarias en masa por infringir la normativa. Solo entre noviembre y diciembre, de detuvo a 117.000 personas y 73.000 fueron deportadas. 41 trabajadoras domésticas de Sri Lanka fueron estuvieron recluidas hasta 18 mese en un centro en espera de ser deportadas.

El informe de la entidad recuerda que a pesar del anuncio de reformas legales, las mujeres continúan «estando gravemente discriminadas en relación con el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos e hijas». También los «crímenes de guerra y otras violaciones graves del Derecho internacional» perpetrados por la coalición internacional liderada por Arabia Saudí en Yemen.

Por último, menciona que las autoridades usaron el software espía Pegasus para espiar a periodistas, defensores de los derechos humanos y familiares de disidentes. Incluidos los del periodista Jamal Khashoggi antes de que fuera asesinado en 2018 en Turquía.