Activistas indígenas toman la Nunciatura en Colombia

Un grupo de indígenas colombianos tomó el pasado martes la sede de la Nunciatura Apostólica, en Bogotá. Forman parte de la plataforma Congreso de los Pueblos, que representa a 600 organizaciones campesinas, afro e indígenas. Según señalaron, esta acción forma parte de una Movilización Nacional por la Vida y la Permanencia en los Territorios. Exigen al Gobierno «la instalación de una mesa de negociación y el desmonte del paramilitarismo».

En un primer momento varias decenas de jóvenes, de la comunidad embera según relata EFE, bloquearon el acceso al Ministerio del Interior. Una comisión liderada por el viceministerio del Diálogo Social de la Dirección de Democracia y Sistema Nacional de Convivencia se desplazó a la sede del ministerio para dialogar.

Al cabo de una hora, en torno a las 9 de la mañana hora local, los activistas se dirigieron con pancartas y palos a la sede de la Nunciatura, en el sector de Teusaquillo de la capital. Dos religiosas que había en el edificio fueron desalojadas por personal de la Alcaldía de Bogotá. Los manifestantes instalaron en el recinto un «refugio humanitario».

Hasta el momento, la Nunciatura no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, informa ADN Celam. Algunos medios se hicieron eco de que el nuncio, Paolo Rudelli, sostuvo una reunión en el Palacio de Nariño con el presidente de la República, Gustavo Petro. Pasado el mediodía, Rudelli llegó a la Nunciatura. Los activistas permitieron que pasara él, pero no agentes de la Policía.

600 asesinatos en dos años

La movilización del Congreso de los Pueblos ha tenido focos en otros puntos de Colombia, como la región de los Dos Ríos (Bajo Cauca y Nordeste antioqueño) y de Cesar. Denuncian que a pesar de haber declarado hace dos años una «emergencia humanitaria, siguen asesinando a nuestros líderes».

«Se debe visibilizar la situación humanitaria que estamos viviendo en los territorios por causa del paramilitarismo, asesinatos sistemáticos y persecución al liderazgo social», denunció a EFE María Guillón, de la Fundación Derechos Humanos Joel Sierra de Arauca. En esa región, la Defensoría del Pueblo denunció la semana pasada que más de 600 personas protegidas han sido asesinadas en dos años.

Entre sus principales reivindicaciones están la desarticulación de los grupos paramilitares, la instauración de mecanismos de protección para las comunidades, un plan nacional de reparación integral y la creación de una mesa permanente de interlocución. En sus últimos comunicados, el Congreso de los Pueblos invita a la Iglesia católica y a otras organizaciones civiles a sumarse a su grito de protesta.