Aborto y ayuda al desarrollo. Lo llaman progreso, y no lo es

Millones de chicas —adolescentes y más jóvenes— de todo el mundo necesitan contracepción y aborto: ésa era la prioridad del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ante la reunión, el pasado 23 de abril, de la Comisión sobre Población y Desarrollo del Fondo de las Naciones Unidas para la Población.

Y los países ricos no escatiman esfuerzos para conseguirlo. A finales de marzo, la asociación European Dignity Watch publicó el estudio La financiación del aborto a través de la ayuda al desarrollo de la UE. En él, se describen las ayudas que la Comisión Europea ha dedicado a proyectos de salud sexual y reproductiva que incluyen el aborto. La base de este informe es la correspondencia entre la Comisión e internacionales abortistas como Marie Stopes International (MSI) y la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF). Esta entidad, nacida como Planned Parenthood, también trabaja en España bajo el nombre de Federación de Planificación Familiar de España.

Con todo, resulta imposible saber el total del dinero destinado a este fin, pues la UE sólo facilitó parte de los documentos solicitados. Sí se sabe que MSI recibió, al menos, nueve millones de euros entre 2005 y 2009, para proyectos en Camboya, Sudáfrica, Bangladés y Papúa Nueva Guinea. Más difícil es saber cuánto recibió el IPPF, puesto que, de todos los proyectos existentes, sólo se entregaron datos de un proyecto en Bolivia, Guatemala y Perú (1,7 millones de euros) y de otro en Bangladés (1,48 millones). Por otro lado, en su presupuesto para 2007-2013, la Comisión destinó 86 millones para la Implementación de la Agenda de El Cairo, en la que tiene gran peso la salud sexual y reproductiva.

Luchando contra los pobres

Los autores del informe subrayan que estas aportaciones a proyectos que incluyen el aborto son ilegales. La definición de salud sexual y reproductiva de la UE excluye el aborto, y la Comisión ha afirmado que «no proporciona incentivos para promover la esterilización o el aborto en los países en desarrollo». Es lógico: la ayuda a estos países es parte de la política internacional y de seguridad de la Unión, que requiere la unanimidad entre los Estados miembros; y pocos asuntos suscitan tanta división.

Es ilegal también porque, en muchos de los países donde se actúa, el aborto es ilegal o está muy restringido, y estas entidades recurren a eufemismos como anticoncepción de emergencia, o regulación menstrual: vaciar el útero con un aspirador manual, ante la simple sospecha de un embarazo. No se confirma el embarazo para que no sea un aborto temprano, idéntico en el procedimiento.

«¿Qué pretende financiar en realidad la UE cuando da dinero a MSI e IPPF?», se preguntan los autores del informe. Más adelante, aventuran una hipótesis: «Uno tiene la tentación de preguntarse si la situación actual de la ayuda al desarrollo de la UE no está luchando contra los pobres, en vez de luchar contra la pobreza; o si la ayuda al desarrollo no se debería dirigir a proporcionar comida, agua potable, salud y educación a los niños necesitados, en vez de reducir su número a través del aborto».

El progreso del Primer Mundo

Se podría argumentar que estas entidades, y las instituciones que generosamente las financian, sólo desean compartir con los países menos favorecidos las ventajas del progreso que disfrutamos en gran parte del Primer Mundo. Y, en cierto sentido, es así: también en Occidente la mentalidad progresista que hay detrás del aborto es acabar con ese nuevo ser humano, antes de que su presencia exija el esfuerzo de sus padres, de los empresarios, de los Servicios Sociales, de los gobernantes y de toda la sociedad en su conjunto. ¿Para qué molestarse en ayudar a una mujer embarazada, si puede abortar?

Esto resulta aún más sangrante cuando los grupos sociales más desfavorecidos (pobres, minorías) se convierten en blanco preferente del aborto. Ha ocurrido desde los inicios. Marie Stopes, fundadora de MSI, inició su labor en Inglaterra enseñando a no tener hijos a las mujeres de las zonas más pobres. En Estados Unidos, Margaret Sanger, fundadora de Planned Parenthood, lideró el Proyecto Negro, que sobornaba a los pastores para que animaran a sus feligreses a usar anticonceptivos. «No queremos que se sepa —dijo— que lo que queremos es exterminar a la población negra».

Negros e hispanos, el objetivo

Tras el horror del nazismo, cambiaron las formas. Pero ya se lleva tiempo denunciando que Planned Parenthood (PP) no ha renunciado a esta mentalidad. Según el estudio Objetivos raciales y control de la población, de la asociación Life Dynamics, el 51 % de las clínicas de Planned Parenthood —tanto si practican abortos como si los derivan a otros centros— se encuentra en zonas en las que la presencia de minorías es un 125 % más alta que la media estatal, cuando no tres, siete o hasta 18 veces mayor. Además, el 72 % de las áreas que alojan dos o más centros abortistas tienen una población desproporcionada de negros o hispanos.

El otro, un problema

Si un país hace eso dentro de sus fronteras, ¿qué no hará con los habitantes de otros países? Inmigran, fabrican productos que compiten con los nacionales, su simple existencia reclama un reparto más justo de las riquezas… Los países que no han prestado atención a la propaganda occidental, saben que necesitan jóvenes que, bien alimentados, sanos y con educación, impulsen a la sociedad. Por eso, hace unos días el Gobierno filipino se felicitaba por las últimas noticias sobre el crecimiento de su población. En cambio, el boom de China se verá frenado, en las próximas décadas, por el envejecimiento de su población.

En 1974, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos aprobó el Documento 2000. La población de los países menos desarrollados —afirmaba el texto— supone «un riesgo político e incluso problemas de seguridad nacional». Por ello, se debe tratar «el control de la población mundial como un asunto de la máxima importancia». Eso sí, haciendo «énfasis en el derecho de los individuos y las parejas a decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos».

Estas palabras explican toda la presión ejercida sobre los países más pobres para que legalicen el aborto; y también las partidas económicas destinadas por tantos países y organismos internacionales a promover la planificación familiar en el Tercer Mundo, a través de gigantes del aborto como IPPF y MSI. Aparentemente, progreso es dedicar miles de millones de euros a acabar con los pobres, en vez de a luchar contra la pobreza.