Aborto: cuestión de Estado

Los obispos tenemos el deber de pronunciarnos públicamente sobre las graves implicaciones morales negativas de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, porque forma parte esencial de nuestro servicio anunciar el esplendor del Evangelio de la vida, que ilumina la conciencia de los católicos y de todos los que deseen acogerlo.

El aspecto tal vez más sombrío del Anteproyecto es su pretensión de calificar el aborto provocado como un derecho que habría de ser protegido por el Estado. He ahí una fuente envenenada de inmoralidad e injusticia.

El Estado que otorga la calificación de derecho a algo que, en realidad, es un atentado contra el derecho fundamental a la vida, pervierte el elemental orden de racionalidad que se encuentra en la base de su propia legitimidad. La tutela del bien fundamental de la vida humana y del derecho a vivir forma parte esencial de las obligaciones de la autoridad. El derecho a la vida no es una concesión del Estado: es un derecho anterior al Estado mismo, y éste tiene siempre la obligación de tutelarlo. Tampoco tiene el Estado autoridad para establecer un plazo, dentro de cuyos límites la práctica del aborto dejaría de ser un crimen.

Abortar no es nunca curar, es siempre matar. Eliminar una vida humana no es nunca un asunto meramente privado. Por el contrario, se trata de un acto de gran trascendencia pública. El derecho a vivir no está a disposición de nadie: no puede ser violado por ningún ciudadano ni por el Estado.

La autoridad del Estado dimite de su obligación básica si da curso legal a la pretendida libertad para eliminar vidas humanas inocentes. El Estado no puede erigirse en árbitro sobre la vida humana adoptando medidas legales que toleran o justifican como supuestos derechos acciones individuales que atentan contra el derecho a la vida. Si lo hace, deja de ser garante del bien común en un asunto decisivo.

Por el contrario, el Estado debe legislar para proteger la vida de todos, en particular de los más indefensos y vulnerables, entre los cuales se hallan sin duda los que van a nacer, así como para establecer políticas de protección de la maternidad y la paternidad.

Comisión Permanente de la CEE de la Declaración sobre el Anteproyecto de Ley del aborto: atentar contra la vida de los que van a nacer, convertido en derecho (junio de 2009)