Abandonados en el desierto

A mediados de mayo 15 países de la UE enviaron una carta a la presidenta de la Comisión Europea para pedirle que construya cárceles de migrantes fuera de las fronteras europeas. Se trataba de una idea similar a la que ya implementa el Gobierno de Meloni en Italia, expulsando a solicitantes de asilo y encerrándolos en Albania —sin demasiado éxito, de momento—. El Gobierno de España se opuso. Sin embargo, una semana antes, el 8 de mayo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez puso en marcha las obras de dos cárceles de migrantes en Mauritania. Lo hizo a través de la FIIAPP, una agencia de cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores. En realidad es el brazo con el que Sánchez riega de dinero y material militar a los dictadores africanos que reprimen a los migrantes.

España es un laboratorio del control migratorio desde hace 20 años. Aquí se prueban tecnologías y medidas que después replican otros países en Europa y otras partes del mundo. Europa tiene ahora tres prioridades para luchar contra la inmigración, y en las tres España tiene una larga experiencia: encarcelar a los migrantes, expulsarlos y externalizar el control de fronteras; es decir, subcontratar a otros gobiernos para que hagan el trabajo sucio contra quienes se mueven sin disponer de alternativas seguras o legales. El equipo de periodistas de la Fundación porCausa, a veces en colaboración con el equipo de Alfa y Omega, ha podido documentar, verificar, contrastar y publicar cómo el Gobierno de España envía cientos de millones de euros, material militar, vehículos especiales, drones y otros artilugios a los gobiernos corruptos y autoritarios que rigen países como Marruecos, Mauritania o Senegal con el objetivo de que nadie salga de allí ni alcance las costas españolas. Muchas personas de la Iglesia católica que viven en esos países conocen esta realidad de primera mano y tratan de sanar las heridas que provocan estas políticas. Destacan aquí las comunidades del Servicio Jesuita a Migrantes y de la Comunidad de Sant’Egidio. La sensibilidad de su labor requiere mucha discreción.

En Marruecos y Mauritania, la Policía usa los coches y la información que le da España para detener de forma arbitraria a personas negras por el simple hecho de ser negras. Entre ellas hay mujeres e incluso bebés que son encarcelados en condiciones infrahumanas y después son trasladados por la fuerza a miles de kilómetros de distancia. Mauritania los tira en un lugar desértico llamado Gogui, en la frontera con Mali, bajo control de grupos yihadistas que a menudo los secuestran, piden rescates a sus familias, violan a las mujeres y alistan por la fuerza a los hombres jóvenes. Lo narra con tacto y en detalle Abandonados en el desierto, el nuevo documental de la televisión pública alemana que se proyectará en la Fundación porCausa el 12 de diciembre.

De forma indirecta, el Gobierno de España está nutriendo de reclutas a los yihadistas de JNIM, la filial de Al Qaeda en el Magreb. Los servicios de inteligencia españoles también detallan cómo los mercenarios rusos del Grupo Wagner, que operan en países como Mali, Níger y Burkina Faso, han tomado el control de tecnología militar que España transfiere para combatir la inmigración irregular. Estos regalos antimigratorios sirven para apuntalar a dictaduras que no se preocupan por sus poblaciones y, al mismo tiempo, nutren los arsenales de grupos criminales que producen más violencia e inestabilidad. El resultado: más personas tratan de huir y ponerse a salvo en Europa.

La opacidad es fundamental para mantener vivo el sistema. Los periodistas africanos sufren represalias e incluso son asesinados. La corrupción es otra pieza clave de este esquema perverso. En privado, altos cargos del Gobierno español se encogen de hombros y explican que «en esos países» el pago de sobornos es imprescindible para que la maquinaria siga funcionando. El Ejecutivo autoriza esas corruptelas pero también tropieza con ellas. A principios de octubre Mauritania detuvo a once agentes de la Policía fronteriza y expulsó a su comisario jefe, Abdel Fattah. Hubo periodistas represaliados por contarlo. Fattah cobraba sobornos a migrantes desesperados. Los que pagaban se libraban de ser abandonados en mitad del desierto. Era un secreto a voces. Este policía corrupto, primo del expresidente de Mauritania, también recibía dinero de las mafias y, a cambio, ofrecía información errónea a los agentes de la Guardia Civil y la Policía que desde hace casi 20 años están desplegados en territorio mauritano. De esa forma, las mafias conseguían que sus cayucos zarparan hacia Canarias sin ser interceptados. Precisamente Fattah era el aliado con el que España coordinaba las políticas antimigratorias en el país hasta el mes pasado. Él gestionaba buena parte del dinero y medios materiales que la FIIAPP transfiere a Mauritania para reprimir a los migrantes. En 2022 el ministro Grande-Marlaska le concedió la Cruz al Mérito Policial. La otra cara de la moneda la colman un grupo de empresarios cercanos al Partido Socialista que han entendido bien que la externalización del control migratorio es un negocio.