¿Los registros bautismales bajo amenaza?  - Alfa y Omega

¿Concede el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) a los individuos el derecho de hacer que sus datos personales se supriman de los registros bautismales? Esta cuestión está actualmente a la espera de una respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El caso Bisdom Gent implica a un ciudadano belga que en 2021 pidió a la diócesis de Gante que suprimiera todos los datos personales de su registro bautismal. Después de que la diócesis se negara, presentó una queja ante la Autoridad de Protección de Datos belga, que le ordenó eliminarlos. El caso llegó al Tribunal de Apelación de Bruselas, que remitió varias preguntas al TJUE para una decisión preliminar sobre la interpretación de qué amplitud de «derecho de supresión» (o «derecho al olvido») garantiza el RGPD. 

Los magistrados están llamados a clarificar la compleja interacción entre la normativa europea de protección de datos personales y el interés de la Iglesia por preservar la integridad de los registros bautismales. Hasta la fecha, los tribunales nacionales han concedido protección efectiva a esta última. Se ha considerado de forma predominante que el ejercicio del derecho de supresión no debería vulnerar la autonomía eclesial o el carácter indeleble del Bautismo. Sin embargo, no se puede dar por sentado que el TJUE vaya a reiterar este consenso.

En su opinión, presentada el 1 de octubre, la abogada general Laila Medina afirmó que el interés de la Iglesia no debería prevalecer sistemáticamente por encima de los derechos de protección de datos. Según Medina, mantener la integridad de los registros bautismales no es esencial para asegurar la correcta administración de los sacramentos, ya que existen otros medios. En ciertas circunstancias, se podría requerir suprimirlos. Los tribunales nacionales deberían hacer una valoración caso por caso y tomar en cuenta la «angustia emocional» de mantenerlos para la persona implicada. 

Pero es que más allá de atestiguar un hecho histórico, estos registros cumplen varios fines vitales desde la perspectiva del derecho canónico. Lo más importante es que permiten una verificación rigurosa de la capacidad de una persona para recibir otros sacramentos. Su eliminación podría tener graves consecuencias para sus derechos y los de terceros. Primero, si quien ha solicitado la supresión intentara volver a la Iglesia, las autoridades eclesiales ya no podrían comprobar si fue bautizado y tiene el derecho de participar en la vida sacramental. En segundo lugar, podría suponer varios obstáculos para la celebración o anulación de matrimonios. En el contexto de las nulidades, el esposo de una persona cuyos datos han sido borrados podría encontrar graves dificultades para establecer con certeza que el matrimonio realmente tuvo lugar y la identidad de su cónyuge.

La Iglesia católica ha desarrollado, en los últimos años, la práctica de anotar en el margen del registro bautismal que esa persona ha dejado la Iglesia. Sin embargo, a los ojos de la abogada general esta práctica no satisface el derecho de supresión, puesto que este presupone que la persona ya no sea identificada o, por lo menos, no sea fácilmente identificable. Su opinión contrasta fuertemente con lo expresado durante la vista oral por la Comisión Europea y varios Estados miembros, que subrayaron la necesidad de respetar la autonomía de la Iglesia y preservar la integridad de los registros. Cuando el RGPD se adoptó en 2016, ni los Estados miembros ni las autoridades eclesiales podían esperar que el «derecho al olvido», concebido como un medio para abordar los abusos en la esfera digital, se utilizaría como arma contra los archivos de la Iglesia.

Aunque el TJUE no está en absoluto vinculado por el razonamiento de la abogada general, cuya opinión es consultiva, existe un riesgo cierto de que algunos de sus argumentos sean adoptados. Si así fuera, el consenso largamente establecido en Europa sobre la protección de la integridad de los registros bautismales se vería significativamente socavado. Los efectos de esta decisión, que se espera en los próximos meses, probablemente trasciendan las fronteras de la UE. Recientemente se ha pedido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que examine el caso similar de un ciudadano francés. Es lícito esperar que tenga en cuenta la interpretación del TJUE.

Lo que suceda ante las dos jurisdicciones europeas de más nivel merece una atención detallada, dada la importancia crucial que preservar los registros bautismales tiene para la organización interna de la Iglesia católica, así como para otras. A la luz de la grave amenaza que una supresión forzada de archivos internos impondría al funcionamiento continuado de las instituciones religiosas en toda Europa, esperemos que los tribunales no permitan que se sacrifique la intangibilidad de los registros bautismales y la autonomía religiosa en aras de elevar el «derecho al olvido» individual.