Vuelta al cole: una mochila que cada vez es más pesada

Si la vuelta al cole ha sido siempre un desafío económico para las familias, la de este 2026 ya es considerada como la más cara de la historia de nuestro país. Según la encuesta anual de gastos escolares que realiza la OCU, volver a las aulas supone para las familias un coste un 4 % más caro que el curso anterior. Así, en la actualidad, el gasto medio por alumno es de casi 2.500 euros, un desembolso que supera en 624 euros el gasto de hace tan solo dos años. 

Pero el coste del uniforme, los libros de texto, el material escolar, el comedor, la ruta o las actividades extraescolares no son los únicos desafíos que enfrentan las familias estos días. «Para mí, uno de los grandes retos sigue siendo la conciliación», afirma María Ángela Melero, presidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA). Ello no significa «simplemente ampliar horarios o encontrar lugares donde dejar a nuestros hijos mientras trabajamos», sino que las familias «también han de tener tiempo para estar con ellos, hablar, acompañarlos y educarlos». 

Otro de los desafíos de este curso es conseguir una verdadera igualdad entre todos los alumnos sostenidos con fondos públicos. «No debería ocurrir que un alumno pueda acceder o no a una ayuda, a un comedor escolar o a determinados recursos dependiendo de si estudia en un centro público o concertado», señala Melero. Por eso, recuerda la meta de conseguir «una gratuidad real» de la enseñanza, para que cualquier familia «pueda elegir un proyecto educativo con independencia de su capacidad económica». Y para ello es imprescindible «una financiación suficiente» de los conciertos educativos. 

En este mismo sentido se manifiesta Pedro Huerta, secretario general Escuelas Católicas, cuando afirma que «sigue faltando un compromiso claro desde la Administración» hacia los centros concertados, lo que incide en que la financiación de estos colegios tenga a día de hoy un 297 % de desfase acumulado a lo largo de los años con respecto a los centros públicos. 

EE. CC. ha tenido durante el verano varias reuniones con el equipo del Ministerio de Educación, incluida la ministra Milagros Tolón, para que la enseñanza concertada mejore su capacidad de poder seguir respondiendo al fin para el que existe: «somos necesarios y las familias nos siguen eligiendo». Pero no se trata solo de dinero, se trata de que la Administración siga teniendo en cuenta este tipo de enseñanza y responda a unas dificultades cada vez mayores en cuanto a su sostenibilidad», señala Huerta. 

Salud mental y evangelización 

Sobre la mesa hay más temas que preocupan tanto a familias como a los colegios. «Un reto importantísimo es la salud emocional y mental de los alumnos», identifica María Ángela Melero, pues «cada vez vemos a niños y adolescentes sometidos a más presión, con problemas de ansiedad, soledad, autoestima o dificultades para gestionar lo que les ocurre». No ayuda, según Pedro Huerta, el hecho de que la figura del coordinador de Bienestar en los colegios encuentre más dificultades en los colegios concertados, «al no poder acceder a las capacitaciones que la Administración solo da a los profesores de la enseñanza pública». 

La concertada también encuentra dificultades para atender como debe a los alumnos con necesidades especiales, «que cada vez son más», atestigua el secretario general de Escuelas Católicas. «Inclusión significa poner todos los recursos que cada niño necesita y respetar también el derecho de los padres a elegir la modalidad educativa que consideren más adecuada para sus hijos, incluida la educación especial», abunda la presidenta de CONCAPA. 

Por otro lado, este curso ahonda en un «reto enorme», señala Melero, como es el de las pantallas, las redes sociales y la inteligencia artificial. «La tecnología avanza muchísimo más deprisa que nuestra capacidad para aprender a educar en ella», por lo que «no podemos pedir a las familias que acompañen a sus hijos en el mundo digital y dejarlas después solas. Necesitamos formación, criterios y verdadera colaboración entre familias, centros y administraciones».

Si en otros años, los protagonistas de la educación advertían una intromisión ideológica en los currículos o en la implantación de la asignatura de Religión, hoy este acento no es tan marcado. «Esta presión sigue existiendo, evidentemente, pero un poco menos», constata Pedro Huerta. Al inicio de este curso escolar, «nuestra preocupación es cómo garantizar que nuestro modelo pedagógico, basado en la antropología cristiana, siga siendo el eje de nuestra propuesta educativa». En este campo, desde Escuelas Católicas advierten no tanto una presión por parte de la Administración, «sino más por la forma de pensar y ver la vida del entorno», e incluso «en el mismo interior de los colegios». Por este motivo, Huerta subraya que la evangelización en el seno de los propios centros «han de seguir siendo uno de nuestros retos más prioritarios».

Seis años sin respuestas

Down España ha denunciado que, seis años después de que la LOMLOE estableciera una normativa para garantizar una educación inclusiva, esta sigue pendiente. La organización reclama de manera urgente «dotar a los centros ordinarios de los recursos necesarios» para atender a los alumnos con síndrome de Down y denuncia que la falta de apoyos provoca que algunos colegios no los admitan o los deriven a educación especial. María Oñez Martín, vocal de Down España, señala que en España «no existe un plan estratégico educativo inclusivo. Hay mucha ambigüedad y parece que lo más fácil es que el alumno al final acabe yendo a los centros especiales».