Familias de la concertada denuncian su exclusión de las ayudas para la climatización de las aulas

La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), que representa a los centros de enseñanza concertada, ha urgido que las ayudas a la climatización y eficiencia de los centros educativos también lleguen a sus colegios.

Concretamente, ha denunciado la exclusión de los centros sostenidos con fondos públicos del programa de ayudas de más de 200 millones de euros del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) para la climatización y eficiencia energética de centros escolares.

«Ningún alumno debería recibir menos inversión pública, tener peores condiciones de aprendizaje o ver limitado su derecho a un entorno escolar saludable. Los derechos de la infancia no admiten diferencias ni categorías; pertenecen por igual a todos los niños de España», señala la entidad en un comunicado publicado a través de redes sociales y recogido por la agencia EFE.

La asociación acusa al Ejecutivo de llevar a cabo una «injustificada discriminación» y pide que modifique las bases del programa para permitir el acceso a todos los centros educativos independientemente de quien sea su titular «atendiendo al alumnado y no únicamente a la titularidad jurídica de los edificios».

Desigualdad entre alumnos

Las familias de los centros concertados señalan que «la exclusión» de sus colegios sostenidos con fondos públicos «genera una desigualdad entre alumnos»: «Esta situación castiga especialmente a quienes ya contribuyen, mediante sus impuestos, a financiar estos programas públicos y, sin embargo, quedan excluidos de sus beneficios».

Además, recuerda que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España establece que el interés superior del menor debe constituir una consideración primordial en todas las decisiones que afecten a la infancia y prohíbe cualquier forma de discriminación en el disfrute de los derechos reconocidos a los menores.

Mejorar las condiciones de salud, solo de la pública

El Ejecutivo aprobó autorizar el reparto de estos fondos entre las comunidades autónomas para la climatización de centros educativos, la reducción del consumo energético en los edificios públicos y para mejorar las condiciones de salud que permitan un adecuado aprendizaje.

Todas las comunidades autónomas apoyaron la distribución de estos fondos, excepto Aragón que no respaldó el acuerdo porque pretendía que parte de los fondos destinados a colegios públicos pudiera llegar también a centros concertados, una posibilidad que el Ministerio para la Transición Ecológica descartó al considerar que el programa está dirigido exclusivamente a inmuebles de titularidad pública.