Javier Moreno Gómez: «La transparencia implica menos posibilidad de vulneración de derechos»

—¿Cuándo empezó el litigio? ¿Y qué supone para usted, como abogado del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), la estimación del recurso por parte del Supremo?
—Todo parte de la monitorización que hacemos desde el SJM ante lo que ocurre en los CIE. Para ello, entre otras cosas, solicitamos al Ministerio del Interior una serie de informaciones, desde la nacionalidad hasta la edad de los internos, o las condiciones del servicio médico, y siempre nos la habían facilitado. Lo que ocurrió es que hace tres años dejaron de darnos los datos relativos a la nacionalidad porque entendían que esto podía constituir un riesgo para las relaciones exteriores del Estado. Ahí fue cuando decidimos acudir a la justicia, que en un primer momento no nos dio la razón. Ahora, el Supremo ha avalado nuestro planteamiento y ha determinado que la denegación de los datos de nacionalidad de los internos no correspondía a derecho.

—¿Por qué es importante conocer la nacionalidad de las personas que acaban en un CIE?
—Podría parecer que la nacionalidad es un dato que no tiene mayor importancia, pero nada más lejos de la realidad. Esa información puede ayudar, por ejemplo, a saber si hay dentro de los centros personas con necesidades de protección internacional que están siendo devueltas a sus países de origen. Nos permite también conocer cuáles están siendo los países principales a los que se está devolviendo a las personas y si esos países cumplen con estándares de protección de derechos. Y, por último, con estos datos podemos contrastar la veracidad de las informaciones que se utilizan en el debate público respecto a las nacionalidades y el número de personas expulsadas de España.

—Entiendo también que más transparencia implica menos posibilidad de vulneración de derechos.
—Eso es. Nos preocupa que la tendencia en este ámbito sea la opacidad, porque eso supondría dejar de conocer lo que ocurre dentro de los CIE y cómo se están gestionando. Es bueno que la gente sepa las condiciones de los centros, que para nosotros son, en muchos casos, condiciones de vulneración de derechos. Hay que tener en cuenta también que una de las múltiples caras de la deshumanización del otro tiene que ver con la invisibilización. Y al contrario, conocer quiénes son, cómo se encuentran, cuáles son sus historias de sufrimiento nos permite, por un lado, romper esa dinámica de deshumanización a la que en ocasiones se somete a las personas migrantes y, por otro, nos ayuda a que la ciudadanía tenga una información real y transparente en la que poder basar sus juicios sobre estas personas.

—¿Es un tema ideologizado políticamente?
—Sí, y lo podemos ver de manera muy clara con el reciente proceso de regularización. Se ha hecho una acción deliberada y absolutamente intencionada de desinformar a la sociedad con intereses partidistas y electoralistas. Hay una intención clara de confundir a las personas. Por lo tanto, que haya más transparencia también ayuda a combatir la desinformación y poder ser más libres a la hora de elegir.

—¿Esperan que la visita del Papa a Canarias tenga algún tipo de efecto positivo en el ámbito del fenómeno migratorio que León XIV ha querido conocer de primera mano?
—La pregunta es buena, porque nosotros hemos litigado también para evitar la paralización del proceso de regularización y hemos utilizado ante los jueces la sensibilidad que el Papa ha mostrado ante este tema. Si bien no se puede establecer una relación directa entre la visita de León XIV y las distintas sentencias favorables que estamos cosechando, sí se puede decir que nosotros, que nos hemos personado en todos estos casos, nos inspiramos en sus palabras que, en el fondo, son los valores profundamente humanistas del cristianismo.

—Habla en plural porque hay una tercera sentencia del Supremo, en relación a las devoluciones en caliente de las personas que intentan entrar a nado a Ceuta y Melilla, en la que también el Alto Tribunal ha dado la razón. ¿Qué ha determinado dicho tribunal?
—Sí. Lo que ha confirmado es que las personas interceptadas en el mar cuando pretenden entrar a nado en Ceuta y Melilla no pueden ser objeto del llamado «rechazo en frontera», sino que su situación debe tramitarse mediante un procedimiento de devolución con todas las garantías legales. En la sentencia, el Alto Tribunal establece que el «rechazo en frontera» es una figura excepcional que solo puede aplicarse a quienes intentan cruzar irregularmente la frontera superando elementos de contención físicos —vallas, muros o barreras— y no puede extenderse por analogía a cualquier otra situación. Esto es importante, porque los intentos de entrada por vía marítima son una constante y, ante ellos, se han producido absolutas vulneraciones de los derechos.