«En Myanmar la esperanza ha sido crucificada, pero no está muerta»

«El padre Nicholas, jesuita de la diócesis de Hakha, está herido. Por favor, reza para que se recupere». Minutos después de responder a las preguntas de Alfa y Omega, Rosalyn Kayah nos hace llegar este mensaje. El sacerdote ha sido víctima de una mina antipersona. «No hay ningún lugar seguro en nuestro país», añade. Tiene buen pronóstico, aunque «le llevará tiempo ponerse bien porque en Myanmar el sistema sanitario no es muy bueno», apostilla Kayah. Es la realidad de quienes padecen una guerra civil que ha provocado, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 3.685.200 desplazados internos, refugiados en su propio país a raíz del golpe militar del 1 de febrero de 2021.

Esos números tienen un nombre, un apellido y una historia; y hasta ellos se esfuerza por llegar el Servicio Jesuita a los Refugiados (JRS) del que Rosalyn Kayah es la directora en este país asiático. Myanmar está fuera de todo foco mediático y, sin embargo, atraviesa una situación dantesca. «La población vive con miedo constante. Escuelas, hospitales y campos de refugiados están siendo bombardeados por los militares. No existe el Estado de derecho». Desde el JRS estiman que prácticamente un tercio de los casi 55 millones de habitantes necesita ayuda para llevarse algo a la boca o para conseguir una simple aspirina. La organización intenta proporcionar sustento material en condiciones muy duras. Por eso, también incluye en sus programas asistencia psicológica para una población destrozada y en una incertidumbre que devora la esperanza; sobre todo, de los más jóvenes. «Un informe reciente de la ONU destaca que los jóvenes tienen ansiedad persistente causada por el conflicto, la situación económica y el temor al reclutamiento forzoso», explica a Alfa y Omega el arzobispo de Rangún, el cardenal Charles Maung Bo.

En este clima, y para intentar dar una pátina de democracia a su dictadura, los militares acaban de convocar unas elecciones —con votaciones el 28 de diciembre y el 11 y 25 de enero— que organismos como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ni siquiera reconocen. A los comicios no ha concurrido ninguna oposición realmente democrática, sino que han constituido un intento de la Junta por legitimar un régimen militar disfrazado de civil, como denunció el relator de la ONU para el país. Para colmo, tampoco se ha podido votar en las zonas que escapan del control de los militares o donde la contienda es más intensa. «Cada día despertamos con nuevos combates y muertes en algún lugar del país. En nuestra diócesis de Banmaw, el conflicto se recrudece con enfrentamientos continuos entre la Junta y grupos como el Ejército para la Independencia Kachin. Hay más ataques incluso después de estas elecciones, que muchos consideran un medio de la Junta para aferrarse al poder más que una vía hacia un cambio real», comenta a Alfa y Omega el padre Bosco.

Los combates han dejado a su diócesis sin estructura ni templos. Diez de las 15 parroquias que componen la diócesis prácticamente han desaparecido, dejando sin hogar a quienes se refugiaban en ellas. Solo el territorio diocesano tiene 67 campos de refugiados donde malviven unas 50.000 personas, muchas de ellas católicas. «En esta realidad tan dolorosa y desde mi propia experiencia en primera persona, veo difícil poner fin a la dictadura y alcanzar una paz auténtica», lamenta el joven sacerdote, que confiesa que casi está perdiendo la esperanza.

El cardenal Bo es consciente de esta realidad, pero sostiene que «todavía es posible mantener esa esperanza en medio del doloroso sentimiento de abandono por parte de la comunidad internacional». Para este pastor de un rebaño herido, «la esperanza en Myanmar ha sido crucificada, pero no está muerta». Por eso, dice que seguirá «llorando con los que lloran» y recordando «que la violencia no puede tener la última palabra».