La regularización de migrantes «constituye una respuesta a una injusticia profundamente arraigada»

El 26 de enero de 2026, el Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular, una medida ampliamente reconocida por su alcance e impacto social. Aproximadamente 500.000 personas —incluyendo migrantes empleados en el mercado informal, familias con vivienda precaria y solicitantes de asilo con resoluciones denegadas o pendientes— se beneficiarán de ella. El texto legal está previsto para su publicación en el Boletín Oficial del Estado a finales de mayo de 2026, estableciendo el marco para su implementación entre abril y junio de 2026.

Aunque la medida es extraordinaria, su génesis es igualmente significativa. Esta regularización surge de una iniciativa impulsada por la ciudadanía: la iniciativa legislativa popular (ILP), que obtuvo más de 700.000 firmas y el apoyo de más de 900 organizaciones sociales y eclesiales, entre ellas aportaciones clave de la Conferencia Episcopal Española. Sus orígenes subrayan la capacidad de la sociedad civil organizada para influir en la gobernanza, ilustrando una forma de «compromiso civil sinodal» donde imperativos éticos y sociales configuran la política pública.

Para miles de familias, trabajadores y jóvenes que llevaban años viviendo en la sombra, este proceso supone un reconocimiento de su existencia civil y un paso hacia la seguridad jurídica. Pero más allá de su alcance normativo, la medida invita a reflexionar sobre lo que implica vivir en la irregularidad y sobre las profundas resonancias éticas y teológicas que emergen cuando una sociedad decide mirar de frente a quienes habían permanecido invisibles.

La irregularidad administrativa no es un estado identitario; es una condición burocrática susceptible de revertirse mediante un acto administrativo. Sin embargo, sus consecuencias son profundas y prolongadas. La nota temática de 2020 sobre Regularización de migrantes en situación irregular, publicada por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, lo formulaba con claridad: las personas sin autorización administrativa viven expuestas «a un riesgo constante», sufren discriminaciones estructurales y enfrentan obstáculos que «socavan su desarrollo humano integral».

La pandemia de COVID-19 hizo aún más visibles estas fragilidades. Sin contratos formales ni redes de protección, miles de personas perdieron empleo, vivienda e ingresos de manera repentina, mientras sus familias en los países de origen experimentaban una caída drástica de remesas. Muchas veces desempeñaban trabajos esenciales durante la emergencia sanitaria, pero sin garantías de seguridad, derechos laborales o protección social.

España no fue una excepción. En sectores como la agricultura, la hostelería, la construcción o el trabajo doméstico, la mano de obra migrante irregular sostuvo actividades indispensables a costa de su propia vulnerabilidad. La regularización es, en este contexto, una respuesta a una injusticia profundamente arraigada: repara la invisibilidad, combate la explotación y restituye derechos esenciales.

Nacida desde la sociedad civil

La regularización de 2026 no brota exclusivamente de la voluntad política. Su historia está marcada por la fuerza de un movimiento ciudadano ampliamente articulado. La iniciativa legislativa popular generó una movilización insólita en tiempos de polarización. Más de 17.000 voluntarios recorrieron barrios, parroquias, universidades y centros comunitarios, recogiendo firmas y fomentando espacios de reflexión colectiva.

El resultado fue un apoyo extraordinariamente transversal. En abril de 2024, el Congreso respaldó la iniciativa con 317 votos favorables y apenas 17 en contra, un consenso infrecuente en la política española reciente. El Gobierno decidió finalmente implementar la medida mediante un real decreto-ley, lo que aceleró su aplicación, aunque dejó abiertas preguntas sobre la calidad del debate legislativo. No obstante, la urgencia humanitaria justificaba la celeridad.

Los argumentos económicos o políticos a favor de la regularización —necesidades laborales, previsiones demográficas o la imposibilidad práctica de repatriaciones masivas— pueden ser razonables, pero resultan insuficientes desde la óptica de la doctrina social de la Iglesia (DSI). La nota temática de 2020 insistía en ello: la regularización es, ante todo, una cuestión moral, ligada a la obligación de salvaguardar la dignidad humana y el desarrollo integral de cada persona.

El Compendio de la doctrina social de la Iglesia recoge este principio en términos rotundos: el compromiso primario de las instituciones debe ser promover el desarrollo humano integral de todas las personas presentes en su territorio, no solo de los ciudadanos. Cuando la irregularidad expone a individuos a explotación, inseguridad crónica y exclusión social, las autoridades tienen la responsabilidad de corregir esa situación. Desde esta perspectiva, la regularización es una forma de justicia restaurativa: reconoce el daño, lo repara parcialmente y crea condiciones para que nadie vuelva a quedar atrapado en esa vulnerabilidad.

La DSI advierte, además, de un riesgo importante: que los migrantes sean percibidos únicamente como recursos útiles para la economía. Frente a esa tentación utilitarista, la Iglesia recuerda que cada persona es un fin en sí misma, portadora de una dignidad inviolable, y no un instrumento al servicio de necesidades coyunturales.

Heridas, tesoros y encuentro

La medida también puede leerse desde una clave teológica más amplia. En Dilexit nos (2024), el magisterio presentaba la irregularidad como una «herida en el cuerpo social», una fractura que debe sanar mediante políticas que combinen verdad, justicia y misericordia. En Dilexi te (2025), se afirmaba que las personas vulnerables —y especialmente los migrantes— son «tesoros de la Iglesia», porque en el encuentro con ellos aparece la presencia misma de Cristo.

Esta perspectiva se enlaza con Fratelli tutti, que deplora la cultura del descarte y llama a políticas inclusivas, y con Laudato si, que vincula degradación ambiental, precariedad laboral y movilidad forzada. La regularización española encarna esta «cultura del encuentro» cuando propone un proceso de integración bidireccional: una invitación a que también las comunidades locales se abran, acompañen y se dejen transformar.

La nota temática de 2020 lo resumía con contundencia: «Las medidas de regularización deben ser coherentes con el principio de no dejar a nadie atrás», en línea con la Agenda 2030.

El reto de la implementación

El proceso de regularización será relativamente breve: se prevé su entrada en vigor en abril y un plazo de solicitudes hasta el 30 de junio. La autorización inicial durará un año y permitirá trabajar en cualquier sector. Para acreditar la residencia se aceptarán documentos flexibles —empadronamientos, historiales escolares o sanitarios, vínculos sociales— que reconocen la diversidad de trayectorias migratorias.

Pero la nota temática de 2020 ya advertía que una regularización aislada es insuficiente. Debe acompañarse de políticas complementarias: programas de inclusión laboral, atención a la integridad familiar, formación intercultural, activación de comunidades locales y medidas contra la economía sumergida. También se requieren vías más amplias y viables de migración regular que desincentiven la irregularidad futura. La eficacia real de la regularización dependerá de esta visión amplia y sostenida.

Seguridad humana vs. nacional

Entre los sectores críticos de la medida se repite el argumento del denominado «efecto llamada». Sin embargo, los estudios y la experiencia histórica desmienten esta idea: regularizaciones previas en España y otros países no generaron aumentos significativos de flujos irregulares. Lo que sí redujeron fue la explotación, la economía sumergida y los riesgos laborales, al tiempo que incrementaron la cohesión social.

En un contexto europeo donde el discurso de la seguridad nacional domina el debate migratorio, la regularización española ofrece una perspectiva alternativa: la seguridad humana —la seguridad de las personas concretas— no compite con la estabilidad del país, sino que la fortalece.

La medida aporta luces indiscutibles. Reconoce la dignidad de quienes han sido sistemáticamente invisibilizados. Restaura derechos básicos. Reduce desigualdades laborales y fortalece la cohesión social. Y, sobre todo, envía un mensaje moral claro: no es aceptable que medio millón de personas vivan en la penumbra jurídica. Pero también presenta sombras. La autorización inicial de un año genera incertidumbre. La fijación de fechas de corte excluye inevitablemente a algunos. Y persiste el riesgo de que la regularización sea interpretada desde parámetros utilitaristas, en contradicción con su fundamento ético más profundo.

Más allá de la excepcionalidad

La regularización de 2026 debe entenderse como un remedio extraordinario, necesario pero insuficiente. No sustituye las reformas estructurales que España necesita: vías de migración regular claras, políticas de integración de largo plazo, protección laboral robusta y un compromiso permanente con la justicia social.

La nota temática de 2020 lo expresaba de forma precisa: la regularización restaura la dignidad de los afectados y crea condiciones favorables, pero no constituye «la solución definitiva». Es un paso urgente que abre la puerta a un modelo más coherente con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018, basado en la gobernanza compartida y en el principio de que ninguna vida humana debe quedar atrás.

La regularización de 2026, vista desde el prisma ético y teológico, se revela así como un acto de humanidad lúcida: la decisión de reparar una herida social antigua, reconocer la presencia de quienes ya forman parte del país y avanzar hacia una sociedad donde la dignidad humana sea realmente el fundamento de toda política pública.

Claudia, paraguaya que vive en Madrid desde hace menos de un año, expresa así su esperanza: «Por fin tendré la posibilidad de no vivir en la oscuridad, de trabajar de manera regular y segura, y de enviar dinero a mi familia de forma organizada».