Una voz profética pide cambios que se retrasan

Después de 29 ediciones, la cumbre del clima (COP30) que se celebró del 10 al 22 de noviembre en Belém (Brasil) tenía un enorme peso simbólico por tener lugar en plena Amazonia —amenazada por los proyectos de extracción de petróleo del Gobierno anfitrión—. La Iglesia, con distintas formas de presencia —dos mensajes del Papa, una delegación de la Santa Sede y la implicación de numerosas entidades—, reclamaba un calendario vinculante para la eliminación de los combustibles fósiles y financiación adecuada para combatir y mitigar el cambio climático.

Sin embargo, la necesidad de consenso y el veto de los grandes productores de petróleo obligaron una vez más a que en el texto final, a pesar de algunos avances, ni siquiera se mencionara el fin de los combustibles fósiles. Además, aunque reconocía la necesidad de 1,3 billones de dólares de financiación, solo establecía una meta de 300.000 millones, una cuarta parte. Más productiva puede ser la Conferencia de Santa Marta, que Colombia acogerá en abril. Allí, 80 países (incluidos los miembros de la UE) podrían firmar un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.

Igual de implicada estuvo la Iglesia en que diera frutos concretos la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio y en la que se organizaron hasta tres eventos paralelos oficiales y se presentó un informe de la Comisión Jubilar convocada por Francisco. 

En un contexto global en el que una ayuda al desarrollo ya insuficiente está cayendo de forma pronunciada —los países del G7 la reducirán en torno a un 28 % en 2026 respecto a 2024 y Trump ha desmantelado la agencia responsable—, la cita contemplaba aspectos como la mejora del sistema tributario de los países pobres, mecanismos para que tributen allí las empresas que explotan sus recursos o la lucha contra los paraísos fiscales. La gran apuesta de la Iglesia, especialmente en un año jubilar, era la cancelación o reestructuración de la deuda externa. Sin embargo, una vez más el compromiso final adolecía de no incluir ni una sola cifra, meta o plazo concretos. Tampoco era vinculante.