«No hay consenso para modificar la Constitución e incluir el aborto»

En 1985 entró en vigor en España la primera ley del aborto, de la que en julio se cumplieron 40 años. Desde entonces, cerca de tres millones de bebés han sido aniquilados. En realidad, el PSOE intentó sacarla años antes, pero un grupo de 54 diputados, representados por el abogado José María Ruiz Gallardón, presentó un recurso previo de inconstitucionalidad. «Ahora ese mecanismo ya no existe, pero en aquel momento el recurso obligaba al Tribunal Constitucional a pronunciarse antes de que la ley entrara en vigor», explica a Alfa y Omega el que fuera magistrado del Tribunal Constitucional Andrés Ollero. El dictamen del TC fue desfavorable y señaló una serie de cuestiones que se debían corregir.

El entonces Gobierno de Felipe González redactó una nueva ley que se tuvo que someter una vez más al Constitucional. El alto tribunal, en esta ocasión, sí reconoció la constitucionalidad de la norma y emitió una sentencia favorable. «En ella se dice que el no nacido es un bien jurídico que merece protección constitucional e incluso penal». Es decir, «está admitiendo la posibilidad del delito de aborto y señala solo unas situaciones excepcionales en las que sí se permite», señala Ollero, que antes de recalar en el TC pasó por el Congreso de los Diputados. Llegó al hemiciclo poco después de la entrada en vigor de la ley, a pesar de lo cual, «no recuerdo que se hablara particularmente sobre ello dentro de la cámara», reconoce. Una realidad distinta a la que se vivió en la calle, donde «yo mismo participé en una manifestación masiva que hubo en Granada  para protestar».

Pero esta práctica no solo estuvo marcada por la Constitución en su origen; también lo está en el presente. El presidente del Gobierno anunció el pasado 3 de octubre su intención de intentar un cambio de la carta magna para blindar el supuesto derecho de las mujeres al aborto. La idea es añadir un párrafo nuevo al artículo 43, según explicó la ministra de Igualdad tras el Consejo de Ministros del pasado martes en el que el Ejecutivo presentó su propuesta de modificación constitucional. «Para llevarla a cabo hace falta un amplio consenso entre formaciones políticas, que en la actualidad no hay». Concretamente, para añadir un nuevo párrafo a ese artículo «hace falta una mayoría de tres quintos en cada una de las cámaras». Y aunque se lograse, «una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos cámaras podría solicitar un referéndum para su ratificación», detalla Ollero. La tarea se presupone difícil en el contexto político actual, donde el Gobierno ni siquiera puede presentar los presupuestos generales del Estado al no contar con el apoyo suficiente. 

Lista negra

La carta magna y los principios emanados de ella también se han puesto sobre la mesa en las últimas semanas a raíz de la carta que Sánchez envió el pasado lunes, 6 de octubre, a los presidentes autonómicos de Asturias, Aragón, Madrid y Baleares para exigirles que pusieran en marcha el registro de objetores de conciencia al aborto. El líder socialista incluso amenazó con llevar a Isabel Díaz Ayuso ante el TC si no lo hacía. Precisamente Andrés Ollero formaba parte del Alto Tribunal cuando este resolvió la cuestión, así que conoce el tema de primera mano. «El TC avaló la creación de dicho registro. Dijo que no vulnera los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la intimidad» de los médicos. 

El magistrado, sin embargo, no estaba de acuerdo con este planteamiento de sus compañeros. De hecho, emitió un voto particular manifestando su disconformidad. A su juicio la existencia de un registro no es «imprescindible para garantizar las prestaciones legalmente previstas» y, por el contrario, «genera en los profesionales un temor a que de ello derive un riesgo de discriminación que afecte a su carrera profesional».

Eva Martín, presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia, también denuncia que «estos registros de objetores son listas negras para apartar profesionalmente a los médicos que quieren ejercer su derecho a la objeción de conciencia». Desde la institución, reconocen que «las comunidades autónomas sí tienen la obligación por ley de elaborar un registro»; pero en ningún caso se «habla de plazos», asevera José Antonio Díez, su coordinador general. De esta forma, cree que la carta de Sánchez presionando en este sentido es «un puro tema de cálculo electoral, de distracción para ocultar otras cosas», sugiere en entrevista con Alfa y Omega. A su modo de ver, «basta con que el médico indique anticipadamente y por escrito que quiere objetar». Pero «hacerlo anticipadamente no quiere decir que se haga ante la comunidad», sino «ante quien organice los servicios del hospital: gerente, el director médico o su jefe de servicio».

Empujada al aborto

Junto con la visión política y médica, al hablar de esta realidad se hace necesario pulsar la opinión de las madres gestantes, que muchas veces se ven empujadas por su entorno a esta práctica. Es el caso de Gabriela Guerra, que tiene un hijo de 21 años y una recién nacida, de tan solo siete meses. La pequeña, rescatada del aborto en el último momento, fue bautizada el pasado sábado por el obispo de Getafe. «En un principio, contaba con el apoyo de mi expareja, pero en un momento dado hay una discusión familiar, comienza la violencia de género y él me pide que no tenga a la niña», resume Guerra para Alfa y Omega.

Según manifiesta esta madre ecuatoriana, que lleva 25 años en España, el mundo se le vino encima. «No sabía qué hacer. La niña ya no iba a venir a un hogar. Me veía sola y me sentía presionada». Al final, empujada por el padre de la criatura, decidió abortar. La providencia quiso que «al salir de la clínica» a la que Gabriela había ido para solicitar información, «me encontré con varias personas que me dijeron que me podían ayudar, que no estaba sola». Guerra, que en realidad no quería abortar, confió en ellos, a pesar de que «al principio pensaba que me ayudarían solo durante un tiempo, una o dos veces». Pero, al contrario, «están siempre pendientes», asegura la joven. «De hecho, todo va tan bien que a veces tiendo a perder un poco el contacto y, entonces, son ellos los que me llaman para preguntarme qué necesito», agradece.