Uno de cada 13 puros exportados por Cuba está fabricado por presos políticos

Al menos uno de cada 13 puros exportados por Cuba ha sido fabricado por «miles» de presos políticos utilizados como mano de obra forzada en la isla. Es la denuncia que ha hecho pública este lunes Prisoners Defenders. En un novedoso informe titulado El negocio penitenciario de Cuba, la ONG explica que el negocio de los habanos, controlado por la empresa Tabacuba, aúna a trabajadores civiles especializados y a «presidiarios sufriendo trabajo forzoso». La entidad ha recogido testimonios sobre trabajo forzado en distintos sectores económicos.

Entre ellos, asegura que «decenas de presos de larga duración que han pasado por numerosas prisiones en toda la isla nos han confirmado que todas las mayores prisiones provinciales de máximo rigor tienen asociadas producciones de cigarros puros, así como numerosas prisiones de trabajo forzoso por toda la isla». De ellas, se han auditado siete, que producen —solo ellas— unos 11,7 millones de puros al año. Esto supone un 7,56 % de la producción anual nacional, que cifra en torno a 154,4 millones de unidades.

Prisoners Defenders denuncia que este mercado de mano de obra esclava «alcanza a las marcas Cohíba y Mareva, ambas producidas en la prisión de Boniato, por lo que es lógico pensar que todas o gran parte de las marcas cubanas de cigarros puros están siendo afectadas».

Un preso político internado en la prisión de Guamajal, Villa Clara, por las protestas del 11 de julio de 2021 fue testigo de cómo en ese centro penitenciario tenía una tabaquería en la que trabajaban «alrededor de 70 internos» fabricando puros habanos «para la exportación». Relata a Alfa y Omega que a los compañeros obligados a trabajar elaborando puros «les tenían prohibido hablar entre sí» y con sus otros compañeros. Además, aunque las instalaciones estaban climatizadas, al final nunca les ponían el aire acondicionado «para ahorrar corriente».

60.000 afectados

No se trata solo de la producción de habanos. Mediante entrevistas a 53 presos sometidos a trabajo correccional, la ONG retrata el «trabajo forzoso ejercido por el Estado, con fines económicos y punitivos sobre un total de 60.000 de entre los 90.000 internos penales y 37.458 sancionados en régimen abierto en el país».

Todos los encuestados fueron «obligado a trabajar bajo coacción, amenazas, violencia o represalias». El 98,11 % trabajó sin herramientas o capacitación, y el 96,23 % estuvo sometido a graves riesgos por las condiciones de trabajo. El 81,13 % no recibió ningún salario. Además, el 45,28 % de ellos sufrió violencia física. Y, entre las mujeres, el 50 % padeció acoso y violencia sexual, incluyendo una víctima de violación. Como consecuencia, el 81,13 % reportó graves deterioros físicos y psicológicos.

De mayor a menor volumen, los sectores más implicados en el trabajo forzoso son la producción de carbón vegetal, el corte de caña de azúcar, otras producciones agrícolas, la recogida de basura y la limpieza de las calles.

Una familiar de un preso obligado a este tipo de ocupación tras ser detenido en las protestas del 11J relata que este «estuvo en dos campamentos» donde «hacía trabajos agrícolas a cambio de nada» y en «condiciones desastrosas». El impacto para toda la familia fue «grande porque el lugar estaba lejísimos, entre montes muy intrincados».

En otra época, su allegado estuvo en una prisión llamada Empresita «haciendo colchones» de manera «nada profesional», relata a esta publicación. «Ahí sufrió un accidente: se hizo un accidente a las 10 de la mañana y no lo llevaron al médico hasta la tarde». Lo ocurrido no consta en su expediente de la prisión. «Estuvo un mes con un yeso, tan apretado que «tuvo que picarlo él mismo» para liberar la presión. Además, «tenían que someterlo a una operación y nunca lo hicieron».

Comparte asimismo la preocupación constante que sufrían sus seres queridos, conscientes de que «son presos políticos. Su vida corre peligro en cualquier cosa». Y el trabajo forzado era un escenario especialmente propicio para que «otros reclusos o un guardia pudieran atentar contra él alentados por la Policía política».