Las familias sirias siguen sin conocer el paradero de sus desaparecidos

El hermano de Wasel Hamideh fue víctima de desaparición forzada. Como él, alrededor de 100.000 sirios desaparecieron entre 2021 y 2014. La inmensa mayoría a manos del gobierno de Asad y su controvertida red de centros de detención. Aún hoy, familiares como Wahed siguen sin poder acceder a información de sus casos. Esto es lo que denuncia Amnistía Internacional en su último informe que acaba de publicar con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra este sábado.

El estudio que se titula: La verdad sigue enterrada: la lucha por la justicia de las familias de los desaparecidos en Siria, la organización detalla la angustia y el trauma que sufren estas familias que «llevan soportando más de una década de sufrimiento e incertidumbre inconcebibles», asegura Kristine Beckerle, directora regional adjunta para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Para ello, el informe se basa en entrevistas con 21 familiares, sobrevivientes y representantes de asociaciones de víctimas realizadas entre mayo y junio de 2025. De esos encuentros revelan la necesidad de «verdad, justicia y reparación» de las víctimas. Como Wahed, que exige «justicia para todas las víctimas: las que perdieron a sus seres queridos a manos del régimen de Asad y las que los perdieron por obra de otros actores armados». Además, recuerda que «hacer justicia y exigir responsabilidades a los perpetradores de todas las partes es la única garantía de que no se repetirá nuestra agonía».

Beckerle señala que, aunque la caída de Asad «ofreció un rayo de esperanza, el temor de que los presuntos culpables queden libres y de que la búsqueda de quienes siguen desconocidos pueda no ser global e integral, contribuye a una nueva ola de trauma». Por eso, la asociación quiere que esto sea «una prioridad urgente del Estado». Eso debería incluir la independencia de la recién creada Comisión Nacional para las Personas en Paradero Desconocido (NCM), así como dotarla de recursos suficientes y de la máxima cooperación de todas las instituciones del Estado.

Desde el ámbito de las familias, se encuentran más exigencias, entre las que se recogen reparaciones, tanto económicas como psicosociales o sanitarias, el reconocimiento de las experiencias de las víctimas y «garantías de que el nuevo gobierno se asegurará de que este tipo de desapariciones nunca vuelvan a producirse en Siria».

Beckerle es contundente: «Sin verdad, justicia y reparación, el pueblo sirio nunca sanará de verdad. El Gobierno debe realizar sin demora investigaciones transparentes, imparciales, independientes y exhaustivas sobre todos los crímenes de derecho internacional».