Ana Caballero: «Proteger a los menores en el entorno digital es una demanda social»

Este martes, el Consejo de Ministros ha abordado un informe con 107 medidas para proteger a los menores de los peligros de las pantallas. Entre ellas están la recomendación de prohibirlas hasta los 6 años y etiquetar los dispositivos con los riesgos para la salud que conllevan. En edades más tardías, el consejo es que entre los 12 y los 16 años se prime el uso de teléfonos sin acceso a internet y que las páginas web tengan por defecto un sistema de verificación de edad que sea efectivo. 

El informe incluye también la inclusión de preguntas de hábitos de consumo de tecnología en las revisiones pediátricas habituales. En los colegios, se pide evitar el uso de dispositivos hasta los 3 años, además de priorizar la enseñanza sin pantallas en toda la Educación Primaria. En el ámbito familiar el estudio demanda divulgar hábitos de formación en los hogares para limitar el acceso en casa. 

Se trata de una preocupación que ya desborda los hogares españoles y que ha suscitado la petición de crear un pacto de Estado para proteger a los menores no solo de contenidos pornográficos, sino también de aquellos que muestran violencia o les facilitan realizar apuestas online. 

Todas estas medidas han sido elaboradas por un grupo de expertos procedentes de instituciones de protección a la infancia, de tratamiento de datos, de madres y padres de alumnos, juristas y especialistas de áreas de pediatría, psicología, igualdad de género o salud mental. Para Ana Caballero, vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital y presidenta de este grupo de expertos, «hay una urgencia y una necesidad, que no es de ahora solamente. Es una demanda social la de crear medidas de consenso que protejan a los menores en el entorno digital», una petición que se ha realizado «teniendo en cuenta los informes y diagnósticos que están llegando a nuestras organizaciones». Todas estas instituciones «somos conscientes de la realidad que están sufriendo los menores ahora mismo», pues el uso no adecuado de la tecnología «está causando un daño irreversible en ellos».  

La publicación de este informe que ahora llega al Consejo de Ministros «visibiliza este problema ante la clase política», a la que Caballero reclama «que pongan en marcha la maquinaria regulatoria para atajarlo». El hecho de que sean tantas instituciones de tan variada competencia las que se han unido para este estudio «revela que es una cuestión compleja que necesita un enfoque multidisciplinar», señala. 

Sobre si esta iniciativa desembocará o no en un pacto de Estado, la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital afirma que «espero y confío en ello», pues el asunto «requiere un consenso político que permita la coordinación entre las diferentes administraciones públicas». Si se alcanza este objetivo, el informe debatido en el seno del Gobierno será «un punto de inflexión a la hora de crear un plan de mejora constante en este ámbito».