Abandonados en el desierto

A mediados de mayo 15 países de la Unión Europea enviaron una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para pedirle que construya cárceles de migrantes fuera de las fronteras europeas. Se trataba de una idea similar a la que ya implementa el Gobierno de Meloni expulsando a solicitantes de asilo y encerrándolos en Albania —sin demasiado éxito, de momento—. El Gobierno de España se opuso. Sin embargo, una semana antes, el 8 de mayo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez puso en marcha las obras de dos cárceles de migrantes en Mauritania. Lo hizo a través de la FIIAPP, una agencia de cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores. En realidad es el brazo armado con el que Sánchez riega de dinero y material militar a los dictadores africanos que reprimen a los migrantes.

Los discursos del presidente y sus ministros abordan a menudo la defensa de los derechos humanos, la democracia y la dignidad humana. La distancia entre esas palabras y las acciones del Gobierno de España es abismal. El ámbito migratorio es el que mejor ilustra la profundidad de esta incoherencia y su efecto destructor en la vida de miles de personas inocentes, incluidas mujeres y niños muy pequeños. En la Moncloa fomentan la imagen de Gobierno progresista, humanista, ético y respetuoso con la vida humana al mismo tiempo que ponen en marcha un sistema macabro que destruye vidas inocentes y se basa en la corrupción, la opacidad y la amistad con algunas de las dictaduras más crueles del planeta.

Migrar es un derecho. Además, las migraciones son un fenómeno natural e inherente al ser humano. Las personas se mueven por razones muy diversas —amor, hambre, curiosidad, guerra, clima…— desde que existen registros históricos. Al mismo tiempo, las migraciones se han convertido en un elemento altamente radiactivo en cualquier campaña electoral. El Partido Socialista lo sabe y actúa en consecuencia, haciendo equilibrios para mantener su imagen humanista mientras pisotea sus propios principios fundacionales.

España es un laboratorio del control migratorio desde hace 20 años. Aquí se prueban tecnologías y medidas que después replican otros países en Europa y otras partes del mundo. Europa tiene ahora tres prioridades para luchar contra la inmigración, y en las tres España tiene una larga experiencia: encarcelar a los migrantes, expulsarlos y externalizar el control de fronteras, es decir, subcontratar a otros gobiernos para que hagan el trabajo sucio contra quienes se mueven sin disponer de alternativas seguras o legales.

El equipo de periodistas de la Fundación porCausa, a veces en colaboración con el equipo de Alfa y Omega, ha podido documentar, verificar, contrastar y publicar cómo el Gobierno de España envía cientos de millones de euros, material militar, vehículos especiales, drones y otros artilugios a los gobiernos corruptos y autoritarios que rigen países como Marruecos, Mauritania o Senegal con el objetivo de que nadie salga de allí ni alcance las costas españolas. Muchas personas de la Iglesia católica que viven en esos países conocen esta realidad de primera mano y tratan de sanar las heridas que provocan estas políticas. Destacan aquí las comunidades del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y de la Comunidad de Sant’Egidio. La sensibilidad de su labor requiere mucha discreción.

En Marruecos y Mauritania, la Policía usa los coches y la información que le da España para detener de forma arbitraria a personas negras por el simple hecho de ser negras. Entre ellas hay mujeres e incluso bebés que son encarcelados en condiciones infrahumanas y después son trasladados por la fuerza a miles de kilómetros de distancia. Mauritania los tira en un lugar desértico llamado Gogui, en la frontera con Mali, bajo control de grupos yihadistas que a menudo los secuestran, piden rescates a sus familias, violan a las mujeres y alistan por la fuerza a los hombres jóvenes. Lo narra con tacto y en detalle Abandonados en el desierto, el nuevo documental de la televisión pública alemana que se proyectará en la oficina de Fundación porCausa el próximo 12 de diciembre.

De forma indirecta, el Gobierno de España está nutriendo de reclutas a los yihadistas de JNIM, la filial de Al Qaeda en el Magreb. Los servicios de inteligencia españoles también detallan cómo los mercenarios rusos del Grupo Wagner, que operan en países como Mali, Níger y Burkina Faso, han tomado el control de vehículos y tecnología militar que España entrega transfiere para combatir la inmigración irregular. Los regalos antimigratorios del Gobierno de Pedro Sánchez sirven para apuntalar a dictaduras que no se preocupan por sus poblaciones y, al mismo tiempo, nutren los arsenales de grupos criminales que producen más violencia e inestabilidad. El resultado: más personas tratan de huir y ponerse a salvo en Europa.

La opacidad es fundamental para mantener vivo un sistema patrocinado por España, imitado por Europa y ejecutado por dictadores sin ética ni pudor. Nuestras fuentes en terreno son sometidas a torturas. Los periodistas africanos con los que trabajamos sufren represalias e incluso son asesinados.

La corrupción es otra pieza clave de este esquema perverso. En privado, altos cargos del Gobierno de España se encogen de hombros y explican que «en esos países» el pago de sobornos es imprescindible para que la maquinaria siga funcionando. El Ejecutivo español autoriza esas corruptelas pero también tropieza con ellas. A principios de octubre Mauritania detuvo a once agentes de la Policía fronteriza y expulsó a su comisario jefe, Abdel Fattah. Hubo periodistas represaliados por contarlo.

El comisario Abdel Fattah cobraba sobornos de migrantes desesperados. Los que pagaban se libraban de ser abandonados en mitad del desierto. Era un secreto a voces. Este policía corrupto, primo del expresidente de Mauritania, también recibía dinero de las mafias y, a cambio, ofrecía información errónea a los agentes de la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que desde hace casi 20 años están desplegados en territorio mauritano. De esa forma, las mafias conseguían que sus cayucos zarparan hacia Canarias sin ser interceptados. Precisamente el comisario Abdel Fattah era el aliado con el que España coordinaba las políticas antimigratorias en ese país hasta el mes pasado. Él era quien gestionaba buena parte del dinero y medios materiales que la FIIAPP transfiere a Mauritania para reprimir a los migrantes. En 2022 el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le concedió la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco.

El Gobierno de España provoca caos al mismo tiempo que transmite sensación de control, orden y legalidad. La otra cara de la moneda la colman un reducido grupo de empresarios cercanos al Partido Socialista que han entendido bien este juego: la externalización del control migratorio es un negocio. Sabemos quiénes pierden. Para entender la continuidad de este sistema fallido es necesario entender también quiénes ganan con todo esto.