«Probablemente en la COP29 no conseguiremos lo que queremos»

El único resultado notable que salvó in extremis la cumbre del clima de Sharm el Sheij, en 2022 en Egipto, fue la creación de un fondo destinado a compensar las pérdidas y daños que inflige en los países más pobres y vulnerables el cambio climático. Sin embargo, este solo está dotado de 700 millones de dólares, una cantidad que, como denuncia la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, «ni siquiera se acerca a poder resolver las catástrofes naturales que han ocurrido este año». Alfa y Omega la entrevista poco después de su reunión con el Papa el jueves pasado, tras pasar por Bakú (Azerbaiyán), donde hasta el 22 de noviembre se celebra la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP29, que ya todos llaman la «cumbre de la financiación». Si no se logra sacar adelante un Nuevo Objetivo Cuantificado Colectivo de Financiación para el Clima (NCQG, por sus siglas en inglés), se considerará un fracaso. 

«Hemos constatado que lo necesario para la transformación y adaptación que se requiere supera los 100.000 millones de dólares anuales acordados en París. Tengo esperanzas, pero he aprendido por las malas que probablemente no conseguiremos lo que queremos», asegura Mottley. Lidera desde hace años la Iniciativa Bridgetown, que busca convencer a los acreedores internacionales de que eximan a los países más vulnerables ante los desastres naturales, como Barbados, de pagar su deuda externa, para así poder canalizar sus recursos en proyectos que atiendan a sus poblaciones. Una batalla en la que no está sola. El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, participó en la COP29 transmitiendo en nombre del Papa un mensaje similar.

La clave de las negociaciones en Bakú está, sobre todo, en quién debe aportar estos fondos. Aquí no entran solo los entes públicos. El valor del mercado del transporte marítimo mundial «es de siete billones de dólares al año. Con una tasa del 1 % o cobrando 100 dólares por tonelada de CO² emitida, podríamos recaudar entre 70.000 y 80.000 millones al año», apunta la mandataria como ejemplo. También propone que se cobren impuestos a los que viajan en avión «en primera clase» o que se implique a todas las organizaciones filantrópicas en la causa climática. «Deberían aportar también dinero para proteger la tierra, que es lo que todo el mundo necesita», insiste. Asegura que, si estas medidas no se contemplan en la COP29, no se llegará a la suma mínima requerida.

Hasta ahora, gran parte de la financiación se ha dedicado a la mitigación ­—medidas para reducir las emisiones, por ejemplo con energías renovables­— o a la adaptación —robustecer la capacidad para adaptarse a los efectos del cambio climático­—. Sin embargo, casi todas las ayudas han llegado en forma de créditos y no a fondo perdido, lo que supone en la práctica «otro yugo para los países vulnerables», que suma esta cantidad a la lista de su deuda externa.

La COP29 también está marcada por las ausencias. Alemania no participa por cuestiones políticas internas y Francia ha alegado que en Azerbaiyán no se respetan los derechos humanos. «Es preocupante, porque hasta ahora ha sido Europa la que ha liderado los acuerdos», señala María del Carmen Molina, asesora del departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española. También detecta contradicciones, como que un gigante económico y emisor de gases como China no figure entre los países donantes y que, incluso, se haya beneficiado de esa financiación climática. Molina, que participó en la reciente COP16 de la Biodiversidad en Cali, apunta a la «fatalidad» que supone el riesgo de que en el segundo mandato de Donald Trump Estados Unidos se desvincule completamente de las cuestiones climáticas.