Nicaragua prohíbe a los sacerdotes administrar el Sacramento de la Unción de enfermos en los hospitales
Los sacerdotes poco pueden hacer más allá de presentar una denuncia anónima porque si se atreven «a denunciar públicamente la dictadura los puede encarcelar, desterrar o asesinar», asegura una activista en el exilio
Nicaragua está sumida en una espiral de violencia descarnada que ha puesto a la Iglesia católica en el punto de mira. El régimen de Daniel Ortega ha desplegado todo su arsenal para acallar a toda costa la voz de los obispos y sacerdotes que desde el 2008 —tras la violencia desatada en el país por las acusaciones de fraude electoral en las municipales que le dieron una amplia victoria al Frente Sandinista— se han convertido en el principal escollo a sus atropellos contra los derechos humanos. Pero además de sufrir la «peor represión de su historia», según las conclusiones de la ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más en el informe titulado Seis años de represión a la libertad religiosa en Nicaragua, cronología de abusos y violaciones a los derechos humanos contra integrantes de las Iglesias (2018-2024), a los sacerdotes católicos les han prohibido ingresar en los hospitales públicos para administrar el Sacramento de la Unción de los Enfermos.
La abogada Martha Patricia Molina, exiliada en Texas, desde donde hace años documenta las agresiones a la Iglesia católica en Nicaragua, ha dado cuenta de esta nueva medida represiva citando fuentes anónimas de sacerdotes y laicos afectados. «Se vulneran los derechos a la libertad religiosa, un derecho humano intrínseco e inherente a la persona. La Comunidad Internacional continúa financiando a la dictadura con préstamos y el GAFI es conocedor que las leyes antilavado la dictadura las utiliza para criminalizar a opositores y a los cristianos», explica.
Un atropello del que no hay rastro en ningún documento oficial. La dictadura Ortega-Murillo «no ha emitido ningún comunicado que los incrimine». Esta prohibición ha sumido en la tristeza y la indignación a los familiares y al mismo enfermo «que se va de este mundo sin recibir este último sacramento». Sin embargo, poco pueden hacer más allá de presentar una denuncia anónima porque si se atreven «a denunciar públicamente la dictadura los puede encarcelar, desterrar o asesinar».
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) tampoco puede tomar partido: «No opinan por miedo y prudencia a ser encarcelados, desterrados o asesinados». Y los presbíteros tampoco saben que hacer porque en los hospitales públicos sus rostros ya son reconocidos y no pueden plantearse ni siquiera entrar de incógnito. «Antes se les permitía entrar para visitar a un solo enfermo, pero una vez en el sitio, toda la sala pedía el Sacramento para las personas que ya estaban cercanas a la muerte», destaca Molina.
Según revela es la primera vez que se entera de una prohibición «tan descabellada y diabólica». En este sentido, enmarca esta prohibición en un nuevo ataque a los cristianos «para ocasionarles el mayor daño posible». «No he leído algo similar que haya sucedido en la década de los años 80 cuando la misma dictadura sandinista persiguió a los cristianos nicaragüenses», manifiesta.