El fiasco italiano de las deportaciones exprés

La imagen de la imponente nave militar Libra, de 81 metros de eslora, con una tripulación de 70 personas para vigilar a 16 egipcios y bangladesíes ­—considerados en un primer momento varones adultos sanos y, por tanto, carne de deportación— es un reflejo de la «gran maniobra propagandística con la que el Gobierno italiano ha querido institucionalizar la inhumanidad». Luca Casarini, de Mediterranea Saving Humans, una de las organizaciones que patrullan el Mediterráneo, define así el protocolo que permite enviar a las personas socorridas en el mar —­solo si están en aguas internacionales­— a dos centros de internamiento construidos por la Administración transalpina en Albania.

Del grupo de 16 migrantes trasladados al país balcánico, cuatro desembarcaron en Italia el pasado viernes, enviados allí poco después de poner un pie en el campo de Gjadër al detectarse que no cumplían las condiciones para estar internados: dos eran menores y dos tenían frágiles condiciones de salud. Los restantes, el sábado, después de que el Tribunal de Roma invalidase su reclusión en Albania. Un «fracaso mayúsculo», apenas cuatro días después del primer ensayo del acuerdo que pretende acelerar las repatriaciones de los inmigrantes procesando sus solicitudes de asilo sin que pisen suelo italiano. Los centros «seguirán vacíos y ahora el Gobierno tiene que ver cómo encaja esta estocada judicial», resume Casarini, que también participa en el Sínodo por decisión expresa del Papa.

Las implicaciones de la sentencia —que se basa en otra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo— son colosales y van más allá de este caso concreto. La decisión redefine los criterios por los que un país puede considerarse seguro, «eliminando 15 de la lista, entre ellos Egipto y Bangladés, de donde precisamente eran los inmigrantes rescatados». Solo podrán deportarse personas procedentes de siete países. El único africano es Cabo Verde, con menos de 600.000 personas, lo que acota mucho los perfiles. Pero ya antes del fallo se habían denunciado problemas con el protocolo. Uno de sus pilares era que solo los adultos no vulnerables pudieran ser enviados a Albania. «Pero no se está respetando, ya que la selección a bordo» de los barcos de salvamento marítimo «corre a cargo de un simple policía, sin la formación médica necesaria para certificar que su salud es buena», destaca Casarini. De hecho, en la nave militar Libra no había personal médico. Solo «militares y dos funcionarios, uno de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otro del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)».

El plan del Gobierno también contempla que los barcos de rescate, como la nave Mare Jonio, fletada para rastrear el Mediterráneo por la organización de Casarini y la Fundación Migrantes de la Conferencia Episcopal Italiana, tengan que entregar a las autoridades italianas a los inmigrantes para su deportación; pero se han negado en bloque.

Desde la Unión Europea han seguido de cerca el experimento italiano. «Ha sido bendecido en su objetivo de endurecer los requisitos de entrada de migrantes y de externalizar las fronteras», lamenta el director del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en Europa, Alberto Ares. Se ha visto el «fracaso», pero el poder ejecutivo comunitario, en manos de Ursula von der Leyen, pretende seguir con estos pactos con terceros países como Túnez, Libia, Egipto, Marruecos o Argelia. De hecho, Europa financió 17.700 retornos desde el norte de África a los países de origen en 2024, según las conclusiones del Consejo Europeo del 17 de octubre. En vísperas de esta cita, Von der Leyen sondeaba la posibilidad de abrir centros de internamiento fuera de la UE, siguiendo el modelo de Italia. En tanto, este país sigue con su pulso a los jueces y ha aprobado un nuevo decreto para poder seguir adelante con nuevas deportaciones.