Agosto negro en Irán: el país ejecuta a 100 personas en un mes

La ejecución del manifestante kurdo, Reza Rasaei, el pasado 6 de agosto en la oscura prisión de Dizel Abad, ubicada en la provincia iraní de Kermanshah, en el oeste del país, fue otra señal de alarma del aumento de ejecuciones tras las elecciones presidenciales de julio precipitadas por la muerte en mayo, en un accidente de helicóptero, de Ebrahim Raisi.

El ajusticiamiento de ese joven de 34 años —que fue detenido durante las protestas del levantamiento social Mujer, Vida y Libertad— fue secreto ya que ni su familia ni su abogado fueron informados con antelación.

«Fue sometido a tortura y otros malos tratos durante su detención, incluida violencia sexual, y más tarde condenado a muerte en un simulacro de juicio», asegura el director de la ONG iraní de derechos humanos en el exilio Iran Human Rights (IHR), Mahmood Amiry-Moghaddam.

Su caso es paradigmático y pone en evidencia cómo el sistema de justicia penal de Irán está corrompido hasta la médula: «Negó los cargos y no había pruebas. No pudieron demostrar nada, pero al final el juez decidió que era culpable sin motivo». Rasaei fue condenado a muerte el pasado 7 de octubre tras ser acusado de asesinato con arma blanca de un agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. Sin embargo, los expertos forenses concluyeron que «el cuchillo que las autoridades dicen que pertenecía a Reza Rassai no pudo haber causado la herida que llevó a la muerte de la persona de la Guardia Revolucionaria».

Para el activista iraní que vive exiliado en Oslo, es solo un ejemplo más de cómo el régimen ayatolá se inventa falsos escenarios para encubrir «sus ejecuciones extrajudiciales de disidentes». A raíz de la sublevación conocida como Mujer, Vida y Libertad ocurrida entre septiembre y diciembre de 2022, el régimen ha intensificado la aplicación de la pena de muerte como mecanismo para «infundir terror entre la población y afianzarse en el poder».

En este sentido, pone de relieve la determinación de las autoridades iraníes de usar la pena de muerte como «herramienta de represión».

«Son una panda de corruptos e incompetentes, incapaces de resolver los problemas cotidianos de la gente. Así no tienen otro camino que crear miedo a través de la pena de muerte», incide.

La ejecución de Rasaei también da muestra de cómo los condenados a muerte «son asesinados sin garantías procesales ni derecho a un juicio justo para crear miedo e intimidación en la sociedad», asegura Amiry-Moghaddam.

Según la organización que dirige, las autoridades iraníes ejecutaron a al menos 100 personas el pasado mes de agosto y a 402 en total en los primeros ocho meses de 2024, lo que coloca al país en camino de casi 850 ejecuciones en 2023, la mayoría de ellas castigando a disidentes políticos. Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), rebaja este terrible recuento a 93 ejecutados en el mes pasado y a 400 en lo que llevamos de año.

En cualquier caso, podrían ser muchas más ya que el régimen de los ayatolás no exhibe estos datos de forma transparente. Menos del 10 % de las ejecuciones fueron «anunciadas oficialmente», incide Amiry-Moghaddam. Para llegar a estás conclusiones, su organización —que lleva 17 años tomándole el pulso al flagrante desprecio hacia el derecho a la vida en Irán— tiene que hacer un exhaustivo trabajo de análisis y verificación a través de la red capilar de fuentes que tienen distribuidas por todo el territorio. «Son los familiares de los presos, abogados, activistas, médicos, académicos… muchas personas que nos envían la información. Para publicarla la comprobamos con la confirmación de al menos dos de estas fuentes independientes», afirma.

Los ajusticiamientos —que se producen en juicios sumarios en los que ni siquiera han podido elegir a su abogado— se han duplicado respecto al mes de julio cuando las prisiones iraníes fueron escenario de 49 ejecuciones.

«Ya el 2 de julio alertamos de que las autoridades iraníes planeaban ejecutar a muchas personas después de las elecciones. Y desde la segunda semana de julio, hasta ahora, más de 140 personas han sido ejecutadas», indica Amiry-Moghaddam.