La archidiócesis de Burgos zanja las «descalificaciones personales» de la exabadesa de Belorado a Iceta

«Al comisario pontificio, como representante legal, le asiste el derecho de administrar todos los bienes muebles, inmuebles, dinerarios y financieros de los monasterios», sentencia la archidiócesis de Burgos en un comunicado hecho público este 9 de julio. Zanja así las palabras de Laura García de Viedma, la exabadesa de Belorado, sobre el arzobispo Mario Iceta, a quien acusó de realizar una «infame coacción» y querer «asfixiar» a las exreligiosas cuya excomunión se declaró oficialmente el pasado 22 de junio.

El equipo de comunicación de la archidiócesis recalca a la exreligiosa que «es una acusación falsa hablar de usurpación ilegítima de las cuentas bancarias». Reivindica que «todas las actuaciones realizadas por el comisario pontificio y la comisión gestora» siguen «la más estricta legalidad». Y que «todas las entidades bancarias y las Administraciones públicas, una vez aportada la documentación, han reconocido la representación legal» de Mario Iceta.

En su nota de prensa, la delegación de Medios reitera que «quien afirma la existencia de morosidad ante empresas y particulares son las propias exreligiosas». Y recalca que «obran en nuestro poder facturas que llevan meses sin ser abonadas por la gestión de la exabadesa». Solo en facturas, «algunas de hasta dos años de antigüedad», se adeudan unos 42.000 euros. «Todas las comunicaciones que hemos realizado están perfectamente documentadas», aseguran.

La archidiócesis de Burgos señala que precisamente han sido el resto de monasterios de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu de las clarisas y otras federaciones «los que están aportando fondos para hacer frente a las facturas y nóminas que la señora García de Viedma nos sigue enviando». «De no haber sido así, hubiera sido imposible realizar los pagos con los exiguos fondos que quedaban en las cuentas bancarias», apunta.

En manos de los servicios jurídicos

La nota de prensa advierte a «la señora García de Viedma» de que «sistemáticamente vulnera» la legalidad. Frente a ello, «nuestros servicios jurídicos están trabajando» para «hacer prevalecer la justicia y el ordenamiento jurídico vigente», revela.

Finalmente, la archidiócesis responde «a las descalificaciones personales vertidas contra el comisario pontificio», a quien la exabadesa señaló como responsable de una multa a Cajasur cuando el prelado aún trabajaba en su consejo administrativo. Recuerda que esta «sanción administrativa» del Banco de España entre 2006 y 2010 «no se debió a irregularidades de dichos consejos de administración en la gestión de cuentas de terceros ni conllevó inhabilitación alguna ni limitación de ningún tipo para el comisario pontificio». Y alega que, ante tales «declaraciones sin escrúpulos y calumniosas», el arzobispo de Burgos «se reserva el derecho de acudir a los tribunales para defender su honor y buen nombre».