El sur paga la factura de la transición verde de Occidente
Europa prohibirá la venta de vehículos de gasolina y diésel para el 2035. Una decisión que plantea retos ambientales y supone una nueva amenaza colonial para los países en vías de desarrollo
Para el 2035, la Unión Europea espera haber eliminado de las carreteras los coches con motor de combustión. Un noble horizonte que pretende doblegar el ímpetu contaminante con el que el cambio climático está destruyendo el planeta. Pero la carrera progresiva hacia la electrificación de la movilidad no está exenta de tensiones. La avidez por minerales como el litio, el cobalto, el níquel o las tierras raras, materiales de los que depende la industria del vehículo eléctrico y cuya extracción descontrolada provoca graves impactos ambientales, se ha disparado. El Banco Mundial calcula que la demanda de estos materiales críticos crecerá un 450 % hasta el año 2050. El problema es que el 54 % de estos recursos indispensables para las baterías de los coches eléctricos se encuentran en tierras habitadas por pueblos indígenas o en sus proximidades. «Estamos cayendo en los mismos errores del modelo extractivista del pasado. Se está consolidando un nuevo colonialismo verde», denuncia Silvia Schönenberger, responsable del departamento dedicado a la justicia climática y a los derechos de las comunidades indígenas de la ONG Sociedad para los Pueblos Amenazados, entidad que protagonizó una protesta ante el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra el pasado 28 de febrero.
En este momento es el sur el que está pagando la factura de la transición verde de Occidente. El actual sistema de extracción beneficia sobre todo a empresas y países desarrollados. «Los que compran coches eléctricos son los consumidores de China, Europa y América del Norte. No puede ser que las comunidades locales e indígenas paguen siempre por el hambre de recursos naturales de los países ricos», incide.
La frenética actividad extractiva tiene, además, enormes efectos negativos climáticos, como la contaminación del agua o la deforestación. También el coste en términos de desplazamiento de las poblaciones autóctonas y la generación de vertidos en los ecosistemas es muy elevado. Muchas de las operaciones mineras utilizan motores de gasóleo en buena parte del proceso. Todo esto provoca un gran impacto ecológico que se incrementará en las próximas décadas y que, en el caso del litio, cuyas reservas se encuentran en regiones que se caracterizan por ecosistemas muy frágiles, se hace ya evidente. Para extraerlo se necesita una «cantidad inmensa de agua que afecta a los sistemas hídricos subterráneos». Los salares del desierto de Atacama, en Chile, son ejemplos emblemáticos. «Las comunidades indígenas colla y licanantay, que llevan siglos viviendo en esta zona, ya están sufriendo los recortes hídricos», resalta Schönenberger.
En medio de esta fiebre por la electrificación del transporte que muchos sitúan en el corazón de la transición ecológica, también hay voces discrepantes que cuestionan que esta vía sea una solución definitiva. «Los vehículos eléctricos son buenos para el cambio climático porque evitan la emisión de dióxido de carbono, pero malos para la contaminación», asegura Nick Molden, fundador de Emissions Analytics, que ha liderado un estudio que concluye que los coches de gasolina emiten menos partículas contaminantes a la atmósfera. El informe plantea que la mayor parte de las partículas liberadas por los automóviles propulsados por electricidad provienen del desgaste de sus neumáticos. «Los vehículos eléctricos reducen el CO2 a la mitad, pero tienen la desventaja de que aumentan la contaminación. El deterioro de sus llantas, que se fabrican con petróleo, puede llegar a producir 1.850 veces más partículas tóxicas que los tubos de escape de los automóviles de gasolina modernos», insiste. Conclusiones que socavan parte de las certezas de la descarbonización del transporte en Europa.
Zimbabue es una de las nuevas fronteras de la caza al litio, un metal blanco plateado considerado el nuevo oro. Los residentes denuncian que empresas privadas y organizaciones ilegales no autorizadas se les han adelantado y han comenzado a expulsarlos de sus tierras para iniciar sus propias operaciones mineras para extraerlo.