El acuartelamiento Primo de Rivera «debería ser un lugar de acogida pero lo es de reclusión»

Carlos Vera es capellán castrense y atiende a la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Loreto, en Alcalá de Henares. «Un día se me presentaron unos chavales de nacionalidad senegalesa y camerunesa que no sabían apenas nada de español para pedirme ropa; su calzado eran solo unas sandalias, se quejaban de que pasaban hambre y frío y no tenían qué llevarse a la boca», recuerda el sacerdote. Eran dos de los 1.200 migrantes que alberga el acuartelamiento Primo de Rivera, un gran almacén militar donde pasan sus primeros meses los solicitantes de asilo que las Canarias no pueden asumir y que se derivan a la península.

«Lo que tendría que ser un lugar de alojamiento, lo es un poco de reclusión», denuncia Fran Martínez, delegado de Migraciones de la diócesis. Cuenta que los usuarios del acuartelamiento «tienen solo dos horas al día para salir» y, como las instalaciones «están a las afueras y la comunicación para ir al centro es complicada», se ven obligados a quedarse cerca del complejo, donde no tienen oferta de ocio. Si se desplazan, deben hacerlo a toda prisa porque, al volver, «si llegan tarde la puerta está cerrada y duermen en la calle».

Martínez subraya que este acuartelamiento está pensado desde sus orígenes tan solo como «un lugar de alojamiento transitorio». Y Vera, que conoce el solar bien, recalca que allí «no se puede vivir». «Es para gente de maniobras y puedes, en todo caso, estar temporalmente en una tienda de campaña unas semanas».

Algunos técnicos humanitarios que trabajaban allí y lo han abandonado al no poder ofrecer la acogida que consideran digna han contado a Martínez que «los barracones están en muy mal estado y no tienen casi comidas». «Cuentan con media hora en todo el día para ducharse y no siempre hay agua caliente», añade. Es casi todo lo que se puede saber de un punto negro marcado por «una absoluta opacidad».

Son las mismas palabras que usan José Cobo, arzobispo de Madrid; el obispo de Alcalá de Henares, Antonio Prieto, y Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, en un documento conjunto de la Provincia Eclesiástica de Madrid publicado el pasado 7 de marzo, en el que denuncian las condiciones en ese centro. Además de las del CIE de Aluche, donde «está en curso una investigación por presuntas agresiones denunciadas por una cincuentena de internos», y del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, del que señalan «un problema estructural de imprevisión y de desatención» por el que los solicitantes de asilo «desde hace tiempo tienen en el aeropuerto su lugar de refugio».

Los tres obispos piden además una «regularización extraordinaria» de cara al «forzoso limbo jurídico en que se mantiene a las personas desplazadas durante varios años, dificultando su acceso al mercado laboral en plenitud de derechos y deberes». «Nos duele mucho constatar que son enormes las trabas con las que bastantes de ellos se encuentran», confiesan. Y sentencian que «sin citas no hay derechos».

El delegado de Migraciones de Alcalá recalca que «es muy importante que tres obispos se pongan de acuerdo para esto». Y vaticina que «las instituciones públicas los van a escuchar y van llegar al presidente y al Defensor del Pueblo».Fran Martínez cuenta también que con este documento los tres prelados quieren atajar los «discursos políticos» contrarios a la acogida que se han instalado entre algunos creyentes y «educar la mirada para ver con ojos de hermano al que viene de fuera». «No como un enemigo», insiste.

Por su parte, Carlos Vera, quien sigue atendiendo a los migrantes que llegan a su parroquia, frente al acuartelamiento propone dos soluciones. La primera, como ya realiza la Cáritas Castrense en Malí, Ucrania, Marruecos y antaño en Afganistán, la colaboración directa con los países de origen. La segunda, ofrecer con mayor rapidez homologaciones y salidas laborales a estas personas que ya vienen con su oficio, porque «en sus países han trabajado como carpinteros o en mantenimiento eléctrico». «Estamos trabajando para que vayan aprendiendo español y cubriendo puestos».

En la misma línea que la Provincia Eclesiástica de Madrid, el resto de obispos de España aprobaron en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal la publicación de una exhortación pastoral a la que se han incorporado pequeñas enmiendas tras la reunión y que, entre otros asuntos, reivindica «el derecho a no migrar», como ya expuso el 8 de marzo su secretario general, César García Magán.

En conversación con Alfa y Omega, Xabier Gómez, OP, director del Departamento de Migraciones del episcopado, explica que el documento quiere definir «la identidad pastoral con personas migradas» y actualizar sus estrategias, pues «nos hemos dado cuenta que desde 2007 [cuando se publicó el penúltimo documento de este tipo] a 2024, el rostro de la Iglesia en España ha cambiado mucho y se ha incorporado diversidad».

Gómez considera que «tenemos el desafío de hacer una lectura creyente de esa diversidad y ver cómo estamos respondiendo al signo de los tiempos, que son las migraciones, de una manera profética». Y concluye subrayando que el documento también pretende aprovechar «la diversidad cultural y el servicio a las personas migradas como un revulsivo para transformar la pastoral social, como nos pide el Papa Francisco».