Informe de la ONU sobre Nicaragua revela «crímenes de lesa humanidad»

«El Gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas», revela el informe presentado el jueves por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.

El Grupo, que empezó su investigación en marzo de 2022 por encargo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, defiende en su informe que «el presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y varios funcionarios de alto nivel deben rendir cuentas ante la comunidad internacional». El motivo es que «Nicaragua como estado está persiguiendo a su propio pueblo, apuntando a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas», afirmó en la presentación de la investigación el presidente del grupo de expertos, Jan Simon.

El estudio señala que la persecución por parte del Gobierno de Nicaragua de personas opositoras «se ha vuelto más sutil», pues aunque se siguen perpetrando «violaciones, abusos y crímenes», también se trabaja para «eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social», un patrón de represión que experimentó «un aumento exponencial» durante el año pasado.

«Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política, real o percibida, tanto en el interior como en el exterior. Y el Gobierno ha consolidado una espiral de silencio que incapacita a cualquier oposición potencial», afirmó el experto del GEDHN Jan Simon.

Además, la persecución se ha extendido más allá de las fronteras de Nicaragua, mediante argucias como «la privación de la nacionalidad y la personalidad jurídica, la falta de acceso a documentación oficial y apoyo consular, así como el impedimento de la reunificación familiar», según mencionó otro de los miembros del Grupo, Ángela Buitrago.

En este sentido, la investigación denuncia que «niños y niñas están siendo violentados debido a su relación parental o a las actividades u opiniones expresadas por sus padres o familiares». Ello se lleva a cabo mediante «deportaciones y prohibiciones de ingreso a Nicaragua, que han resultado en la separación de varios niños y niñas de sus padres», un fenómeno al que se añade la constatación de que a varios menores se les ha negado la expedición de pasaportes válidos para reunirse con sus padres en el extranjero.