La Defensora del Pueblo de la UE pide modificar las normas de salvamento en el mar

La Defensora del Pueblo de la Unión Europea (UE), Emily O’Reilly, pidió el pasado miércoles cambios en las normas comunitarias de búsqueda y salvamento en el mar. Su propuesta se basa en la investigación que ha realizado sobre las muertes de migrantes en el Mediterráneo y el papel de la Agencia de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), informa EFE.

Las pesquisas han puesto de manifiesto que las reglas actuales impiden a Frontex cumplir plenamente sus obligaciones en materia de derechos fundamentales. La agencia depende demasiado de los Estados miembro para actuar cuando las embarcaciones que transportan migrantes se encuentran en peligro, indicó su oficina en un comunicado.

O’Reilly inició la investigación tras la tragedia del Adriana, cuando en junio de 2023 más de 600 personas murieron ahogadas frente a las costas de Grecia. Según los documentos inspeccionados, Frontex hizo cuatro ofertas distintas para ayudar a las autoridades griegas proporcionando vigilancia aérea, pero no recibió respuesta. De acuerdo a la normativa vigente, no podía acudir al lugar donde se encontraba el Adriana en momentos críticos sin el permiso de las autoridades griegas.

En consecuencia, Frontex solo estuvo en el lugar del Adriana en dos ocasiones. La primera lo sobrevoló brevemente en avión, dos horas después de que las autoridades italianas alertaran por primera vez sobre la embarcación. 18 horas más tarde envió un dron, cuando el barco ya se había hundido.

«Obviamente necesitaba ayuda»

La investigación también señaló que Frontex carece de directrices internas sobre la emisión de señales de emergencia (por ejemplo, llamadas de socorro). Por otro lado, se ha constatado que no se garantiza que los supervisores de derechos fundamentales de la agencia participen suficientemente en la toma de decisiones sobre emergencias.

«Debemos preguntarnos por qué un barco que tan obviamente necesitaba ayuda nunca la recibió», señaló O’Reilly. Ello, «a pesar de que una agencia de la UE, las autoridades de dos Estados miembros, la sociedad civil y barcos privados conocían su existencia». Se preguntó asimismo «por qué los informes sobre hacinamiento, aparente falta de chalecos salvavidas, niños a bordo y posibles víctimas mortales no desencadenaron los oportunos esfuerzos de rescate que podrían haber salvado cientos de vidas».

En opinión de la defensora del Pueblo, Frontex incluye «guardia costera» en su nombre pero su mandato y misión actuales «se quedan claramente cortos». «Si Frontex tiene el deber de ayudar a salvar vidas en el mar pero carece de las herramientas para ello, entonces se trata claramente de una cuestión que compete a los legisladores de la UE», aseveró.

Entre los derechos y el control

Según dijo, existe una «tensión evidente» entre las obligaciones de Frontex en materia de derechos fundamentales y su deber de apoyar a los Estados miembro en el control de la gestión de las fronteras. «Cooperar con las autoridades nacionales cuando existen dudas sobre el cumplimiento de sus obligaciones de búsqueda y rescate entraña el riesgo de convertir a la UE en cómplice de acciones que violan derechos fundamentales y cuestan vidas», comentó.

La Defensora del Pueblo de la UE también destacó que no existe un mecanismo único de rendición de cuentas a escala de la UE para investigar de forma independiente el papel de las autoridades griegas, Frontex y la Comisión Europea. En ese contexto, pidió al Parlamento Europeo, al Consejo de la UE y a la Comisión que establezcan un comité de investigación independiente para evaluar las razones del gran número de muertes en el Mediterráneo. «Casi ocho meses después del naufragio del Adriana, no se ha introducido ningún cambio para evitar que se repita un incidente de este tipo».