Nicolás Maduro incrementa el cerco a la oposición en Venezuela

Durante más de 100 horas, Rocío San Miguel, abogada e investigadora hispano-venezolana, estuvo técnicamente desaparecida. Fue detenida el 9 de febrero por la Policía del régimen de Nicolás Maduro cuando intentaba salir por el aeropuerto de Maiquetía rumbo a una visita a Estados Unidos en compañía de su hija, Miranda Díaz San Miguel. Sus abogados no se pudieron comunicar con ella hasta el 13. A su detención se sumaron al día siguiente la de su hija y las de sus dos exparejas, Víctor Díaz y Alejandro José de Canales Plaza, así como el arresto de sus hermanos, Miguel y Alberto. El día 13 se liberó con condiciones al núcleo familiar de la activista, quedando detenidos Rocío San Miguel y Canales Plaza, que también posee nacionalidad española.

El fiscal general de Venezuela, William Tarek Saab, la acusó en rueda de prensa de participar en acciones de «terrorismo, espionaje y traición a la patria», por lo que ha sido recluida en el centro penal El Helicoide de la capital venezolana, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y donde diversas entidades han reportado maltratos contra los detenidos. «Estoy convencido que la imputación está relacionada con su trabajo», asegura a Alfa y Omega desde Caracas, el abogado Juan González Taguaruco, miembro de su equipo jurídico. Se refiere a los análisis que hacía la investigadora en la ONG Control Ciudadano —que preside desde 2005— en materia de seguridad, control fronterizo y Fuerzas Armadas. Taguaruco declara que las acusaciones del Estado contra San Miguel, al vincularla a una supuesta intentona golpista denominada Brazalete Blanco, no poseen solidez procesal. Destaca que muchas de las «pruebas» que mostró la Fiscalía eran información que utilizó la activista para su examen de grado sobre seguridad y que dicha documentación estaba colgada en la web de Control Ciudadano desde 2018.

Taguaruco afirma que los ciudadanos venezolanos se encuentran en la indefensión frente a los desmanes del poder. «El poder judicial carece de autonomía, avala las actuaciones del Ministerio Público que, a su vez, obedece a las órdenes del Ejecutivo». La resolución de casos como el de Rocío San Miguel pasa —fundamentalmente— por negociaciones políticas que logran la libertad de los disidentes. «El compromiso del Gobierno español y la mediación que pueda hacer frente al venezolano será mucho más importante que lo que podamos hacer como abogados acá», señala.

Represión en víspera electoral

La detención de San Miguel se une a la escalada represiva de la que vienen alertando organismos defensores de los derechos humanos como antesala de las elecciones generales previstas para el segundo semestre del año. El oficialismo busca reelegir a Nicolás Maduro y los principales líderes de la oposición han sido inhabilitados para presentarse. «En Venezuela se ha institucionalizado la represión», lamenta Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal Venezolano (FPV), una de las principales entidades de este tipo del país. Su uso «permite el control del poder a través de mecanismos como la intimidación». Subraya, por ejemplo, los obstáculos que ha puesto el chavismo a la candidata opositora María Machado.

Los activistas denuncian que entre las principales estrategias represivas se encuentran la desaparición forzada, el aislamiento en cárceles, no garantizar el acceso a la defensa privada de los opositores, campañas difamatorias, torturas y violencia sexual. En este sentido, el director de FPV recuerda que su país se encuentra «en rojo» en ámbitos como el respeto a las libertades públicas y que la Corte Penal Internacional (CPI) tiene abierta una investigación sobre violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen. Añade además que los presos políticos se encuentran en una situación de «puertas giratorias»: pese a que se dan algunas liberaciones, las cárceles se vuelven a llenar con nuevas redadas.

El 15 de febrero, aumentando la apuesta por una deriva represiva, la Administración de Maduro expulsó del país a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los activistas ven en este movimiento una ratificación de la persecución contra la disidencia, como ya ocurre en otros países hispanoamericanos con ideología afín como Nicaragua y Cuba. «La comunidad internacional debe presionar, no solo por la liberación de Rocío San Miguel, sino por la de todos los presos políticos», concluye Romero.