Libia, confirmada como infierno ilegal de la deportación

Adaeze no tenía miedo de cruzar el Mediterráneo en una barcaza destartalada. No sabía nadar, pero quedarse en Libia era mucho peor. «Los guardias venían de noche para abusar de nosotras. Muchas aceptaban con la esperanza de que eso facilitara su liberación. No nos dejaban tener teléfonos para que no grabásemos lo que nos hacían», explicó al equipo de Médicos Sin Fronteras. La ONG publicó un informe en diciembre con las voces de varios inmigrantes que estuvieron encerrados en los centros libios de detención de Abu Salim y Ain Zara, donde los estupros son moneda de cambio corriente.

Italia también sabe que el enclave norteafricano es un infierno, pero aun así lleva años apoyando a la Guardia Costera libia para bloquear los flujos. Por eso la sentencia del 23 de febrero del Tribunal Supremo italiano que confirma la condena al capitán de un remolcador que rescató a 101 personas en el Mediterráneo en 2018 y luego los entregó a una patrullera libia ha puesto en la diana las devoluciones en caliente, que contradicen la ley internacional. «En lugar de coordinarse con las autoridades de nuestro país, llevó al puerto de Trípoli a este grupo de refugiados, entre ellos mujeres y niños. A través de fuentes locales, obtuvimos la confirmación de que estaban allí», asegura Nello Scavo, del diario de la Conferencia Episcopal italiana, Avvenire, que armó la investigación periodística gracias a las grabaciones de las comunicaciones por radio de la ONG Open Arms. Con estos datos, un tribunal de Nápoles abrió diligencias y condenó al capitán del barco por «delitos de abandono en estado de peligro de menores o incapaces», según el Código de Navegación. El máximo tribunal de apelación lo ha ratificado.

El barco tenía bandera italiana, por lo que los náufragos estaban bajo la jurisdicción de este país. En este sentido, la sentencia del Supremo podría deshacer las trabas con las que tienen que lidiar las ONG de rescate, atosigadas por decretos como el que asigna puertos lejanos para desembarcar a los rescatados. «Las organizaciones humanitarias preparan acciones legales contra el Gobierno italiano porque han pagado un precio altísimo en términos de sanciones administrativas y multas; además les han obligado a tener los barcos de rescate varados en los puertos, obligándoles a someterlos a larguísimas reparaciones», incide Scavo.

Es difícil saber si la sentencia tendrá un impacto directo en la política italiana. Al menos a corto plazo. La migración es desde hace años el caballo de batalla electoral en el país transalpino y con las elecciones europeas a las puertas es poco probable que haya cambios. «En los últimos días, han intentado restar importancia a la decisión judicial alegando que se trata de una sentencia basada en lo ocurrido en Libia hace cinco años. Pero el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha reiterado que Libia no puede considerarse un lugar seguro», remacha el periodista.

A finales del año pasado, Italia renovó por tres años —«lo han hecho todos los gobiernos de todos los colores»— el acuerdo para formar y entregar medios a los guardacostas libios, cuyos vínculos con los grupos de mercenarios que trafican con seres humanos también han sido probados. Una estrategia descarada de este país, que recibe el 57 % de todas las llegadas irregulares en la UE, para facilitar la deportación en un momento de grave emergencia humanitaria, con un aumento en 2023 del 30 % de la mortalidad en el Mediterráneo respecto a 2022, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones.