El Supremo de Reino Unido declara ilegal enviar a solicitantes de asilo a Ruanda

El Servicio Jesuita al Refugiado ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo de Reino Unido de declarar ilegal el pasado miércoles el plan del Gobierno británico de enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo que entran de manera clandestina en el país. «Nos hemos opuesto de forma sistemática a esta política cruel e imposible de llevar a cabo», asegura en un comunicado Sarah Teather, directora de la entidad. «Ahora pedimos que el Gobierno la abandone».

Llevar a la gente a la fuerza a Ruanda «no lograría nada más que violar sus derechos básicos, arrastrar la reputación del Reino Unido en el escenario internacional y exacerbar el miedo y la incertidumbre entre quienes buscan refugio aquí», agregan desde la entidad. A pesar del final de la medida «permanece el profundo trauma que causó» entre los solicitantes de asilo, que se sentían amenazados por ella, asegura Teather.

Esta entidad ha apoyado directamente a 20 personas que se enfrentaban a la posibilidad de ser expulsadas. Algunas de ellas habían sufrido tortura en sus países de origen. Al mismo tiempo, la responsable de la entidad se comprometía a «seguir defendiendo un sistema de asilo más justo que reconozca nuestra responsabilidad de ofrecer refugio y se construya sobe la acogida que ofrecen tantas personas y comunidades a los largo del Reino Unido».

El Consejo para los Refugiados saludó el fallo al afirmar que supone «una victoria para los derechos de hombres, mujeres y niños que simplemente quieren estar seguros. Todos los días en el Consejo para Refugiados trabajamos con personas que han huido de las bombas y las balas en países devastados por la guerra como Sudán y Siria, niños y familias que han huido de amenazas de muerte y persecución en Afganistán», dijo su director ejecutivo, Enver Salomon.

140 millones de euros

Ruanda se había comprometió a procesar en su territorio las solicitudes de 1.000 personas llegadas irregularmente al Reino Unido a cambio de 140 millones de euros. Pero nadie llegó al país africano. El único vuelo que se organizó fue paralizado en junio de 2022 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta que los tribunales nacionales resolvieran los recursos presentados. En diciembre de ese año la Corte Suprema británica avaló la medida, pero siguieron presentándose más apelaciones. Además, logísticamente era muy complicado llevar las expulsiones a cabo.

En un dictamen que contó con el apoyo unánime de cinco jueces, el presidente del Supremo, Robert Reed, consideró que a la luz de las pruebas hay un riesgo de que los demandantes de asilo puedan estar en peligro de ser deportados a sus países de origen, de los que huyeron. El Supremo dio a conocer su decisión después de que el Ejecutivo del primer ministro, Rishi Sunak, recurriera el dictamen de la Corte de Apelación, que consideró también que Ruanda no era «un país seguro» para enviar a migrantes en situación irregular.

Con el dictamen de la máxima instancia judicial del Reino Unido, los magistrados dieron la razón a varios solicitantes de asilo y organizaciones no gubernamentales, que argumentaron en todo momento las deficiencias del país africano en materia de derechos humanos. Reed explicó que la misión de la corte en este caso era puramente legal y que no se tenía en cuenta el actual debate político sobre la política migratoria. Agregó que se evaluaron leyes y tratados internacionales en materia migratoria y de derechos humanos. El presidente hizo hincapié, además, en el principio legal fundamental de que no se debe devolver a un solicitante de asilo a su país de origen sin haber «considerado sus reclamaciones» sobre el peligro que supondría ese retorno.

La decisión del miércoles supone un duro varapalo para la política migratoria del Ejecutivo conservador, puesto que el plan de Ruanda (iniciado en abril de 2020 por Boris Johnson) era central para atajar el aumento de los botes con migrantes que cruzan el canal de la Mancha, que separa Inglaterra de Francia. Este programa había sido defendido por la ahora exministra británica de Interior Suella Braverman, quien fue destituida por Sunak el pasado lunes a raíz de sus críticas contra la Policía británica.